El vencimiento de términos nuevamente fue el camino que permitió una libertad polémica en el panorama judicial colombiano, esta vez el beneficiado con la norma fue el ex rector de la Universidad Autónoma del Caribe Ramsés Vargas Lamadrid, quien tenía detención domiciliaria.
Diego Muñetón, abogado de Ramsés Vargas, explicó el camino que llevó a la libertad a su defendido.
En resumen el Juzgado Tercero Penal del Circuito avaló la tesis de Muñetón y decidió que el exrector no perteneció a un Grupo de Delincuencia Organizada, o GDO como se denomina en el argot de los investigadores judiciales.
Eso implica que, de acuerdo con el juzgado, en el proceso se vencieron los términos que tenía la Fiscalía para dar inicio al juicio oral en su contra ya que su caso no se ajusta a los presupuestos de la Ley 1908 de 2018, que amplió los plazos para iniciar el juicio oral hasta en 500 días hábiles cuando los procesados integran un GDO.
De acuerdo con Muñetón, el juzgado también basó su decisión en dos puntos fundamentales: los hechos delictivos que se le imputan a Ramsés Vargas son anteriores a la vigencia de la Ley 1908 de 2018; y que durante el proceso la Fiscalía no ha logrado relacionar a su defendido con hechos que lo liguen a un GDO.
Por su parte, la Fiscalía sostenía que Ramsés Vargas hacía parte de un GDO y que tenían 500 días para empezar el juicio oral que se contaban desde la presentación del escrito de acusación.
Fuentes del ente acusador señalaron que contra la decisión del Juzgado Tercero Penal del Circuito no proceden recursos y por lo tanto el exrector pasa de la prisión domiciliaria que actualmente tenía a la 'plena libertad'; sin embargo, su proceso está en curso y debe presentarse al juicio oral y todas las diligencias conexas.
Desfalco multimillonario
Ramsés Vargas La Madrid fue capturado la noche del 25 de noviembre de 2018, en Cartagena, tras cuatro días de fuga, en un hotel de bajo presupuesto, mientras huía de las autoridades y aparentemente planeaba una fuga hacia Centroamérica.
Unos días después, en audiencia, la Fiscalía señaló que era el presunto responsable de un desfalco de $16 mil millones a la Universidad Autónoma del Caribe y le imputaron cargos por concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, corrupción privada, administración desleal, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado, omisión de agente retenedor o recaudador y amenaza de testigos.
En las primeras diligencias el ente acusador señaló que el exrector había usado su cargo para hacer una reforma a los estatutos de la Universidad y desviar 16.000 millones que los estudiantes pagaron en efectivo por concepto de matrícula.
La Fiscalía explicó que otras nueve personas (entre directivos y trabajadores de la universidad) participaban en la operación.
En esa etapa del proceso la fiscal del caso, Faizuli Montes, manifestó que a los estudiantes les concedían descuentos hasta del 40 por ciento por pagar la matrícula en efectivo, pero ese dinero jamás llegó a las cuentas de la Universidad porque era reunido y sacado de la institución en bolsas negras.
Además, denunció que Ramsés Vargas había recibido bonificaciones en moneda extranjera, becas para estudiar en el exterior, permisos para viajar semanalmente, especialmente a Miami, y por cada desplazamiento cobraba elevadas sumas de dinero como gastos de representación.
También dijo que el exrector contaba con un esquema de seguridad dotado con armas de largo alcance y chalecos blindados, que protegía a su esposa y era costeado por la Universidad.
De la cárcel a la casa. Al termino de las primeras audiencias, el 28 de diciembre de 2018, Ramsés Vargas fue asegurado en la cárcel Distrital El Bosque, ya que, entre otras razones, el juez determinó que los delitos imputados ameritaban la medida, contaba con los recursos económicos para intentar evadir a la justicia, o entorpecer su actuación, y finalmente tomó en cuenta su huida de las autoridades y la forma en la que fue capturado.
El exrector estuvo en prisión hasta principios de junio de 2019 cuando el Juzgado Sexto Penal del Circuito le concedió la prisión domiciliaria al considerar que del supuesto fraude de $16 mil millones que había denunciado la Fiscalía solo se logró establecer un faltante de $30 millones, en consecuencia se desestimaron los cargos por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.
La misma decisión favoreció a otros siete funcionarios de la Uniautonoma que al igual que Vargas estaban presos en la cárcel Distrital El Bosque.
Así Ramsés Vargas fue enviado a su casa, con un brazalete electrónico y con la prohibición de salir del país.
Pero en febrero de este año el exrector dio un paso más en su búsqueda de la libertad plena, cuando, a través de sus abogados, presentó una solicitud de libertad por vencimiento de términos.
La petición fue negada en primera instancia por el Juzgado Sexto Penal Municipal al considerar que Ramsés Vargas si era parte de un GDO y su caso entraba en los presupuestos de la Ley 1908 de 2018.
La defensa apeló y la resolución del recurso en segunda instancia recayó sobre Juzgado Tercero Penal del Circuito que este viernes, en medio de la pandemia y las medidas restrictivas que ha impuesto el coronavirus, les concedió la razón y el derecho a los abogados del ex rector quien afrontará el juicio oral y todas las diligencias de su proceso como un hombre libre.
