Con el fin de agilizar las excarcelaciones en el país, la Procuraduría General de la Nación sugirió al Ministerio de Justicia aplicar la legislación penal ordinaria con el propósito de prevenir la propagación de la COVID-19 en la población carcelaria.
A través de un comunicado dirigido a la ministra Margarita Cabello, el ente de control precisó que de acuerdo con la información suministrada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), actualmente permanecen bajo el régimen carcelario 1.565 personas, pese a haber cumplido la pena impuesta; otras 13.742 personas privadas de la liberad 'ya cumplieron las 3/5 partes de su sentencia' y 846 sufren reclusos padecen una enfermedad catastrófica. Además 13.465 reos fueron sindicados de delitos hace más de un año y 72 están pendientes del brazalete electrónico.
'Para los casos de personas con enfermedades catastróficas es necesario garantizar la intervención de profesionales idóneos que determinen sus condiciones de salud, en caso de no contar con las certificaciones respectivas expedidas por el Sistema de Seguridad Social', dijo la Procuraduría en la misiva.
El ente también requirió a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –Uspec- y al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 información sobre la ruta de intervención y el cronograma establecido para la toma de muestras de la COVID-19 en los establecimientos carcelarios del país, 'con prioridad en aquellos donde se han presentado brotes del virus como Villavicencio, Guaduas, Florencia, y La Picota, en Bogotá'.
'Los datos suministrados deberán contener la fecha de la toma, tipo de muestra, entidad que la realiza y transporta, así como el laboratorio al que se envía. También se solicitó un reporte semanal del número de muestras tomadas, establecimientos penitenciarios donde se practiquen y los resultados que arrojen. En los casos reportados como positivos, se deberá indicar la ruta de atención sanitaria y las medidas que se adopten', señaló la Procuraduría.
