Con el inclemente sol de las 2:30 de la tarde filtrándose por los ventanales de la sala siete, iniciaron ayer en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla las audiencias preliminares contra cinco policías y un expolicía a los que la Fiscalía señala de haber permitido la fuga de Roger Hernández, quien permanecía en las carceletas del edificio Telecom (Centro de Servicios), tras ser detenido por la desaparición del joven comerciante de autos Anthony Rivero.
Las diligencias se realizaron en presencia de los capturados: los patrulleros Juan Carlos Chavarría López, Wilfran de Jesús Barragán, Sergio Luis Pacheco y Fabián Andrés Támara; el intendente Edwin Pallares Ortiz y el expolicía Rafael Ruíz Sosa; quienes estuvieron en compañía de familiares y, por supuesto, sus seis respectivos abogados.
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Delito 'agravado'
Luego de que la juez Sexta Carmen Blanco decretara la legalidad de las capturas de los seis indiciados, en cumplimiento de órdenes emitidas por un juzgado de Juan de Acosta el pasado 4 de diciembre; la fiscal 28 de delitos contra la administración pública les imputó los delitos de favorecimiento a la fuga agravada, en concurso heterogéneo con el delito de concusión, en calidad de coautores.
De acuerdo con la fiscal, los seis hombres habrían permitido en dos ocasiones la salida de Roger Hernando Hernández Martínez de las carceletas del Centro de Servicios.
La primera salida habría sido el 11 de agosto, cuando, según la Fiscalía, los patrulleros Sergio Pacheco y Wilfran Barragán le habrían dado 'permiso' a Hernández 'porque ese día estaba de cumpleaños su señora y regresó al día siguiente'.
La segunda salida fue el 18 de octubre cuando, según argumentó la fiscal, las carceletas estaban bajo el cuidado de los patrulleros Fabián Támara y Juan Carlos Chavarría, junto con el intendente Edwin Pallares.
Ese día, dijo Fiscalía, Hernández salió de la carceleta a las 7:30 de la noche 'y no regresó'.
Tal y como lo registró EL HERALDO, el mismo día agentes del CTI de la Fiscalía recibieron una información de inteligencia en la cual se indicaba que Hernández estaba fuera de la carceleta y se movilizaba en un taxi.
Finalmente lo interceptaron a las 9:25 de la noche del 18 en el kilómetro 20 de la vía Juan Mina-Tubará.
La fiscal aseguró que el delito de favorecimiento de fuga de presos era agravado debido a que a Roger Hernández le habían imputado los delitos de secuestro extorsivo, amenaza, tortura y desaparición forzada.
Por otro lado, la fiscal 28 les imputó el delito de concusión asegurando que los indiciados supuestamente habrían estado cobrando mensualidades de entre un millón y millón quinientos a los presos para proveerles un 'arrendamiento preferencial' a los capturados.
'A Roger le ofrecieron los servicios de no permanecer en la URI al momento en que llegó en calidad de capturado', manifestó la fiscal.
Los capturados, después de un tiempo de asesoría con sus abogados, decidieron y manifestaron a viva voz que no se allanaban a los cargos.
Al final de la jornada, la jueza suspendió la diligencia y afirmó que continuaría hoy a las 2:00 de la tarde en la misma sala.
