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El pasado 5 de junio a las 3:00p.m., al juez Sexto del Circuito con función de conocimiento, Farid West Ávila, le correspondió, como juez de segunda instancia, reversar la medida de cárcel impartida por el juez Camilo Pardo el 27 de diciembre 2018 contra Ramsés Vargas Lamadrid, exrector de la Universidad Autónoma del Caribe.

La decisión que favoreció a Vargas Lamadrid con salir de prisión se basó en un informe de laboratorio elaborado por la DEIF (Dirección Especializada de Investigaciones Financieras), que fue clave para que el ente acusador pudiera entender cuáles dineros por concepto de matrículas ingresaron a la corporación y cómo fueron invertidos por los funcionarios que actualmente enfrentan procesos penales.

'El informe tenido en cuenta por parte del juez de primera instancia señala que al restar del total de recaudo de matrículas por valor a $4.972.726.167 y aquello que se encuentra registrado en el sistema Iceberg, genera una diferencia de $998.648.695, diferencia que extraña el juez de primera instancia y que llega a la conclusión de ese faltante por valor de 998 millones de pesos', manifestó el juez West Ávila sobre el documento.

El togado de segunda instancia explicó que 'al analizar este informe de investigador de laboratorio yo he llegado a la conclusión que solo faltan $30.579.371', dijo el juez en la audiencia pública a la que no asistió ninguno de los procesados.

Los cálculos. De acuerdo con West, los ingresos de recaudo por matrícula en el mes de noviembre de 2017 fueron de $3.194.985.117; en diciembre de 2017 fueron de $1.201.808.100; y en enero de 2018 fueron de $575.932.950, esto sumado dio como total $4.972.726.167 de recaudos. 'Según los comprobantes de ingresos hay un total de $4.905.537.598 millones que no coincide con lo recaudado por matrícula, veamos a qué conclusión llega el informe sobre el paradero de ese dinero, que es lo que nos interesa', añade el juez mientras justificaba su decisión.

Es así que el togado al observar estas cifras realiza las siguientes operaciones matemáticas:

*Dinero consignado en cuentas bancarias $4.035.590.700 + $906.556.096 dinero recaudado por la universidad y que giró a terceros. Esto dio como total $4.942.146.796.

*Producto del primer cálculo $4.942.146.796 - $4.972.726.167 que son ingresos de recaudo de matrícula de los meses de noviembre, diciembre de 2017 y enero de 2018.

Este cálculo dio como resultado $30.579.371, que de acuerdo con el juez es el faltante en las arcas de la Universidad Autónoma del Caribe y no los $998.648.695 que le dieron como diferencia al juez de primera instancia.

EL HERALDO pudo conocer que en el informe de laboratorio elaborado por la Fiscalía, también se señala un faltante que, al parecer, no fue tenido en cuenta por el juez de segunda instancia en su decisión de apelación de medida de aseguramiento, pero que podrá ser analizado por el juez especializado, a quien le corresponde la audiencia de juicio oral para determinar la inocencia o culpabilidad de Vargas Lamadrid y los seis exfuncionarios procesados.

En la página 17 del informe, el investigador hace relación de un documento elaborado por la corporación llamado 'Recaudo de Matrícula-Recaudo en Efectivo'. Según el análisis del perito de la Fiscalía, 'existen diferencias entre lo recaudado en ingresos varios y de matrícula y lo consignado en el documento denominado 'comprobantes de ingresos varios'.

'Para los meses de noviembre y diciembre de 2017, y enero de 2018, en relación a los recaudos de dineros en efectivo en la UAC, se resaltó que como quiera que se analizaron los comprobantes de ingresos desde los consecutivos 31201 de fecha 3 de noviembre de 2017 hasta el comprobante de ingresos 35321 de 26 de enero de 2018, se evidenció que hacen falta 1.961 comprobantes de ingresos varios, detectados en el salto de consecutivos. Adicionalmente, algunos formatos se encuentran sin valor y/o ilegibles', señala el documento que también concluye: 'Se presentó una diferencia acumulada entre lo recaudado, según los 'comprobantes de ingresos varios' con lo que finalmente se entregó a las áreas de Crédito y Cartera y Tesorería, diferencia total que asciende a $444.901.275, presentando mayor valor el recaudo de matrículas'.

Según el abogado de víctimas de la Universidad Autónoma del Caribe, Rafael Pacheco Vega, este aparte explica que no se sabe a dónde fueron a parar los dineros de 1.961 matrículas de estudiantes, por tanto no se explica por qué este aparte del documento no se tuvo en cuenta para evaluar la medida de aseguramiento de Vargas Lamadrid y los procesados, 'tampoco se entiende sí aceptó la apelación hecha por la universidad por el delito de omisión a agente retenedor, por qué no tuvo en cuenta este delito para mantener la medida de aseguramiento intramural contra el exrector', explicó.