La investigación de la Fiscalía contra el exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Jonás Vargas Lamadrid, dejó entrever que el trabajo de peritos, detectives y delegados del ente fue tan detallado que consiguió destapar los supuestos actos de corrupción que parecían estar ocultos el interior de la alma mater.
Hasta hace una semana, cuando el exrector era buscado en Barranquilla y Cartagena, solo se manejaba la información relacionada con la denuncia de los estudiantes de la UAC por el extravío del dinero recaudado en matrículas. Esa suma está tasada entre los $16.000 y $18.000 millones.
Sin embargo, la reciente sustentación del ente en la audiencia de imputación de cargos contra Vargas Lamadrid, reveló que desde 2013, año de su elección en el cargo, este ya había iniciado actos de concertación con diferentes directivos del centro educativo para obtener provecho ilícito con recursos de la Universidad.
De acuerdo con lo expuesto en las diligencias judiciales por la delegada de la Fiscalía Tercera Especializada adscrita al Gaula, Faizulis Montes, el primer evento de corrupción privada por el que se investiga a Ramsés Vargas Lamadrid fue su elección. 'El Señor Tamid Turbay Echeverría propone al Señor Ramsés Vargas Lamadrid como rector en propiedad de la universidad. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad con la salvedad (hecha por el entonces vicerrector Mariano Romero Ochoa) de que la designación del señor Ramsés Jonás Vargas fuese sustentada con la figura de rector encargado de la universidad por cuanto existía una licencia de la señora Silvia Gette Ponce', declaró la Fiscal Montes ante el Juez Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías, Camilo Pardo.
La fiscal prosiguió con su imputación y señaló que dicha propuesta de designar a Vargas Lamadrid como rector de la UAC 'sería un hecho relevante' porque iba en contravía legal por lo planteado por los estatutos de la alma mater.
'El cargo de rector encargado para el cual fue propuesto Vargas Lamadrid no existía en los estatutos de la universidad, la función de reemplazar al rector en sus ausencias temporales o definitivas le correspondía en ese entonces al vicerrector Mariano Romero. Dicho acto ilegítimo de vinculación, le dio la potestad a estas personas de iniciar una serie de actos de corrupción sistemáticos en la universidad', dijo la Fiscal, acerca de la vinculación de Vargas Lamadrid el 20 de mayo de 2013.
Beneficio mutuo
Seguido a este acto de elección presuntamente fraudulenta, la fiscal del caso expresó que el siguiente registro de corrupción privada se celebró entre los también procesados Efraín Maldonado Palma, ex representante legal suplente de la Universidad; Mariano Romero Ochoa, vicerrector; Orlando Saavedra Magri, miembro de la sala general de la corporación; Tamid Turbay Echeverría, aún en libertad; el exrector Ramsés Vargas Lamadrid; y su padre Eduardo de Jesús Vargas Osorio, 'para favorecer a Mariano Romero por ceder el puesto a Vargas Lamadrid'.
En ese sentido, Efraín Maldonado Palma propuso a los anteriormente mencionados una bonificación de $100 millones para Romero Ochoa. 'Esta bonificación no hacía parte de su contrato laboral y afectó el patrimonio económico de la institución, igualmente estas personas concertaron aprobarse otras bonificaciones que no hacían parte del factor salarial de estas personas'.
Tras el dinero entregado a Romero, de acuerdo con la Fiscalía, una segunda misión dentro del centro educativo fue la aprobación mediante actas de beneficios de ‘estipendio de vida digna’ para Eduardo de Jesús Vargas, 'por reconocimiento a su supuesta labor y dedicación prestados a la institución como cofundador, sin tener dicha calidad para ello y sin haber reconocido ni legal ni estatutariamente; de igual forma se aprobó este rubro de $10 millones para Tamid Turbay, y para Orlando Saavedra Magri, quien en 9 oportunidades recibió dicha mensualidad', señaló la delegada de Fiscalía.
En su intervención, la investigadora agregó que estos ‘beneficios’, 'crearon un quórum deliberatorio en favor de todas las propuestas o las proposiciones derivadas del ejercicio como rector de Vargas Lamadrid al interior de la Universidad Autónoma del Caribe'.
El rector ‘ganaba muy poco’
En la investigación de las autoridades, el ente acusador también encontró en actas con presunta apariencia de legalidad, aumentos salariales para el entonces rector Ramsés Vargas Lamadrid.
'Los beneficiados económicamente con la elección de Vargas Lamadrid, retribuyeron al rector bonificaciones acreditadas en las actas número 834 de 5 de junio de 2015, donde el Consejo Directivo aprobó una bonificación de 22 mil dólares… Vargas Lamadrid cuando ingresó a la rectoría de la universidad, devengaba la suma de 30 millones de pesos, luego se incrementó a 44 millones, y posteriormente se le sumaron a su salario 22 mil dólares, y terminó ganando un salario de 67 millones de pesos', puntualizó la fiscal Montes.
Frente a esta situación, la investigadora señaló que otra de las posibles irregularidades encontradas también por el Ministerio de Educación fue la aprobación de permisos para ejercer funciones como rector de la Universidad Autónoma del Caribe desde la ciudad de Miami en los Estados Unidos.
De acuerdo con la investigación presentada por el ente acusador, entre los múltiples beneficios concedidos a Vargas Lamadrid por el Consejo Directivo, se encontró la aprobación para una beca del 100% para un doctorado en la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos, 'junto con esta beca al rector también se le pagaban gastos de representación por participar en eventos a nombre de la universidad a nivel local, nacional e internacional', comentó la delegada.
Eje de la investigación
Por los documentos y actas citados por la Fiscalía, el entonces rector de la Universidad Autónoma y la junta directiva crearon fraudulentamente un 'comité administrativo' que se reunió el 31 de octubre de 2017.
'Este supuesto comité financiero era inexistente orgánicamente y no tenía ningún tipo de funciones asignadas, no estaba facultado para desarrollar estrategias financieras para el periodo de matrículas del año 2018'.
Según la Fiscalía la idea de recoger los dineros en efectivo de las matriculas para el periodo académico de enero de 2018 surgió de dicho comité: 'Aprobaron sin estar facultados un plan de incentivos para los estudiantes que cancelaran en efectivo sus matrículas, recaudaron entre $16 mil millones y $18 mil millones, sin embargo aún es incierto el paradero de la mayoría de estos dineros', puntualizó la fiscal Montes en la imputación contra Vargas.
Modus operandi
De acuerdo con lo encontrado por la Fiscalía en los documentos de actas, informes financieros, y comunicaciones de los funcionarios capturados por las autoridades, Ramsés Vargas Lamadrid direccionó a su grupo de trabajadores de confianza para que trabajaran en pro de su beneficio económico de dos formas.
'El modus operandi para el desvío de los recursos al interior de la Universidad Autónoma del Caribe se concretó con el sofisma del pago a terceros con los dineros que ingresaron a la universidad en efectivo por concepto de matrículas. Se lucraban del flujo de caja, estas personas lideradas por Ramsés Vargas tenían una plataforma viciosa utilizada por miembros de la dirección de la Universidad para desviar recursos con la excusa de que se pagaba a proveedores'.
Para la Fiscalía, el rector daba beneficios económicos a las personas que se encontraban debajo de su cadena de mando y que presuntamente facilitaban el flujo del dinero hacia intereses que no eran propios de la academia.
'Fiscalía pudo establecer que $4 mil millones de pesos de los dineros consignados en efectivo durante noviembre de 2017 y enero de 2018 fueron a parar para una empresa de inversión privada llamada B&V comunicaciones estratégicas S.A.S, de propiedad de Jorge Vera Kidd, quien de acuerdo con los registros encontrados por el ente acusador fue fundada con un capital de 10 millones de pesos'.
La fiscal del caso agregó que antes de comenzar el periodo académico de 2018 las carreras profesionales y técnicas ofrecidas por la Universidad Autónoma del Caribe se encontraban ‘pignoradas’, 'es decir que al comenzar el periodo académico de 2018, la universidad no tenía cómo respaldar económicamente su oferta económica, pues el dinero que recogió en efectivo en noviembre de 2017 y febrero de 2018 ya había sido utilizado para otros conceptos diferentes a los objetivos académicos y misionales de la corporación'.
Con los dineros que los estudiantes cancelaron en efectivo, investigadores de la Fiscalía estiman que además del millonario pago a B&V comunicaciones estratégicas S.A.S, también se efectuó un pago de $7 millones pagados en efectivo a esa misma firma sin ninguna denominación; $41 millones al Grupo Financiero de la Costa, sin los soportes, en las áreas de contabilidad, ni en el área financiera; un giro de $9 millones a B&V comunicaciones con el primer corte de matrículas en efectivo 2018.
Además, un acuerdo de pago, de acuerdo a los flujos de caja, suscrito por Ramsés Vargas, y el señor Jorge Vera Kidd, por una obligación equivalente a $3.500 millones; pagos en favor de Luis Caro por $14.700.000, aprobado supuestamente por Cindy Solar Vargas; pago a Eduardo Vera Kidd por 102 millones, que fue aprobado por Cindy Solar Vargas, con un recibo de caja menor que no estaba respaldado. Giro a B&V por $61 millones; también B&V recibió dineros y pagarés por autorización del Consejo Directivo.
'Para lograr esto, Vargas determinó a empleados de confianza y manejo en áreas como: secretaría general, vicerrectoría administrativa y financiera, tesorería, contabilidad. Además, logró defraudar las expectativas legítimas de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe', señaló la Fiscal.
Pese a ello, la investigadora calificó como 'grave' el hecho de que se encontró en los registros financieros de la universidad que aún se deben $5.000 millones a B&V Comunicaciones Estratégicas S.A.S.
Líneas investigativas
Las autoridades en cabeza de la Fiscalía establecieron que esta es solo una de tres las líneas investigativas que se manejan contra la administración de Vargas Lamadrid. 'La Unidad Nacional de Lavado de Activos de la Fiscalía investiga a dónde fueron a parar las acciones de la venta del equipo Uniautónoma Fútbol Club', señaló la delegada del ente acusador.
Así mismo, la Unidad de Patrimonio Económico de la Fiscalía Seccional Bogotá investiga la supuesta feria de ventas e hipotecas de activos de la Universidad donde 'se incluye el Polideportivo, ubicado en la vía que conduce al municipio de Puerto Colombia'.
Ramsés Vargas Lamadrid no aceptó los cargos de concierto para delinquir, corrupción privada, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento, omisión de agente retenedor, amenaza a testigos, y administración desleal. Este martes continuarán las audiencias de imputación de cargos contra los nueve exfuncionarios procesados al lado del exrector. Mientras, todos reposan en la URI de la Fiscalía.
