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En la imputación de cargos contra los diez señalados de actos de corrupción en la Universidad Autónoma del Caribe, la Fiscalía descubrió ante el juez material probatorio hallado en las investigaciones de los detectives del CTI.

La diligencia se llevó a cabo en la mañana de ayer en una sala de Justicia y Paz del Centro Cívico, pues la que estaba programada en el Centro de Servicios Judiciales resultó muy pequeña para los indiciados, abogados y asistentes.

Uno de los señalamientos de la Fiscalía fue la designación de Ramsés Vargas Lamadrid como rector de la Universidad Autónoma del Caribe en 2013. Según el ente investigador esta habría sido decidida luego del pago de 100 millones de pesos que fueron entregados a Mariano Romero Ochoa, el rector que se encontraba en el cargo luego de la salida de Silvia Gette por líos judiciales.

'Mariano Romero, en su condición de rector encargado, cedió su legitimidad en el cargo a Ramsés sin estar permitido… En ese cargo solo podía estar Mariano Romero en representación de Gette y no otra persona distinta', expresó la fiscal del caso, que fue denunciado por estudiantes ante el ente acusador.

La Fiscalía reveló que fue 'Tamid Turbay' quien propuso a Ramsés Vargas Lamadrid como rector, y junto con Orlando Saavedra ordenaron el pago de 100 millones de pesos a Mariano Romero Ochoa. 'Dicho pago no se encontraba aprobado e iba en contravía con lo planteado por el Ministerio de Educación, en una intervención administrativa en virtud de una alerta por malos manejos de los recursos de la universidad', comentó en audiencia la delegada de la Fiscalía Faisuli Montes.

A partir de este hecho, la Fiscalía señaló que de manera ilegal 'se modificaron actas y estatutos', otorgando a Vargas Lamadrid control total de los manejos económicos de la alma mater.

Por su parte, Mariano Ochoa Romero no aceptó cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, administración desleal, falsedad en documento privado y estafa.

Un aspecto que llamó la atención de los asistentes a las diligencias judiciales fue que previo al inicio de esta se pudo ver a Ramsés Vargas Lamadrid y Mariano Romero Ochoa hablando por teléfono celular, acto que para los capturados no está permitido.

Dinero de matrículas

Sobre el dinero de las matriculas recaudado en efectivo por funcionarios de la Universidad Autónoma en noviembre de 2017 hasta febrero de 2018, la delegada de la Fiscalía Tercera Especializada adscrita al Gaula, expresó que los peritos e investigadores judiciales encontraron que $4 mil de los $16 mil millones de pesos en efectivo recaudados por crédito y cartera tuvieron como destino la firma inversora B & V Comunicaciones Estratégicas S.A.S., firma cuyo representante legal sería amigo de Ramsés Vargas Lamadrid.

Uniautónoma F.C.

En la diligencia judicial, la delegada de la Fiscalía señaló que la Universidad Autónoma dejó de cumplir con los pagos de nómina de sus trabajadores, seguridad social y obligaciones bancarias. Con respecto a sus compromisos bancarios, el ente acusador señaló que la administración de Vargas Lamadrid utilizó el dinero producto de la venta de acciones del equipo Uniautónoma F.C para el pago de intereses bancarios, más no para el cumplimiento de la obligación. 

'Al tener las cuentas bancarias embargadas, las directivas exigieron el pago de las matriculas en efectivo, y creemos que ese dinero no fue destinado para actividades propias de la academia, es así que antes de comenzar el primer semestre de 2018, ya el dinero de las matriculas no existía', señaló la fiscal ante el juez Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías, Camilo Pardo.  

Otro de los temas que citó la representante del ente investigador fue la supuesta labor de algunos miembros de la Sala General y el Consejo Directivo de la Universidad Autónoma para favorecer a Vargas Lamadrid.

Según la autoridad, nombres como el de Mariano Romero, Tamid Turbay, Orlando Saavedra y Pedro Sierra 'le entregaron facultades a Ramsés Vargas para que dispusiera, como quisiera, de los bienes de la U'.

'Eso permitió a Ramsés hipotecar y realizar cualquier tipo de operación con los bienes de la universidad', dijo la fiscal.

Fiscalía también investiga la aprobación de unos bonos para supuestos socios fundadores de la universidad. 'Fiscalía pudo establecer que los hoy procesados crearon una figura de fundadores la cual no es válida, el padre de Ramsés Vargas y Orlando Saavedra Magri recibían $10 millones mensuales por concepto de un bono de ‘calidad de vida’, por supuestamente entregar su servicio a la institución por más de 40 años', explicó la delegada de Fiscalías en la diligencia. 

Ayer, Eduardo Vargas Osorio, padre de Ramsés Vargas y cónsul de Ecuador en Barranquilla, manifestó su posición frente al caso en el que es investigado su hijo. En diálogo con este medio anotó que 'Ramsés no tiene nada en ese asunto. Sé que el proceso en Barranquilla está en manos de un juez y un fiscal que conocen el derecho probatorio. Esa es la mayor seguridad que Ramsés va a salir bien'.

Sin embargo, luego dijo: 'Acepto toda decisión de la justicia colombiana'. 

A las 8:30 de la mañana está prevista la continuación de las imputaciones contra el exrector Vargas Lamadrid y 9 exfuncionarios del centro educativo, detenidos por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, corrupción privada, administración desleal, falsedad en documento privado y estafa. La diligencia se hará nuevamente en la Sala de Justicia y Paz.