Se inicia este martes en la Corte Suprema de Justicia el juicio contra la ex representante atlanticense del Partido Conservador, Aída Merlano, por presunta compra de votos en las pasadas elecciones parlamentarias, dentro de lo que se ha conocido como 'Operación Casa Blanca'.
Merlano es acusada de haber cometido los delitos de corrupción al sufragante agravado; ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones y concierto para delinquir.
Sobre la senadora electa en los comicios de marzo pasado, actualmente privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que se le halló 'documentación que la compromete' en una compra de votos por más de $6 mil millones.
Esto, tras el allanamiento a su sede de campaña en Barranquilla, precisamente llamada la 'Casa Blanca', 'donde habría funcionado una sofisticada red de compra de votantes, que incluso utilizaba calcomanías con código de barras bidimensional (código QR) para identificar y hacer seguimiento a los líderes encargados de la compra de votos'.
'Luego de las verificaciones iniciales, la Fiscalía libró orden de allanamiento, y durante el proceso se encontraron nueve computadores, cuatro armas de fuego (entre las que había dos revólveres, una escopeta y una pistola. Solo una de ellas tenía salvoconducto, a nombre de Aída Merlano), $268’993.000 en efectivo (guardado en un cuarto destinado exclusivamente para eso) y registro de cámaras de seguridad instaladas por toda la casa', reportó el titular del ente acusador pocos días después de las votaciones legislativas.
Entre tanto, el Consejo de Estado acogió para su estudio, hace un par de semanas, el recurso de apelación en contra del fallo que declaró la pérdida de investidura a Merlano, al determinar que en su campaña política al Senado para el periodo 2018 – 2022, la congresista superó los topes exigidos por la ley, empleando más de $6 mil millones pese a que el monto máximo permitido por las autoridades electorales es de $884 millones.
