La versión del comerciante barranquillero Elías Eduardo Abohomor Salcedo sobre sus cuentas saldadas con la justicia, la cual entregó el viernes anterior desde su lugar de reposo tras ser baleado el sábado 27 de octubre, coincide con lo que hasta ahora han indagado la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Fiscalía frente a su caso: no tiene ningún requerimiento judicial, ni orden de captura vigente, ni siquiera un llamado a interrogatorio pendiente, pese a su vinculación y condena años atrás por la recordada masacre de Caño Dulce.
En aquel episodio, ocurrido a la 1:50 p.m. del 14 de agosto de 2006, fueron asesinados los ciudadanos Carlos Victoria Trujillo, Carlos Villegas Romero, Daniel Jiménez Meneses, Arnober Pino Muñoz, Julián Celis Hoyos, y Jorge Aristizábal Chavarría.
Estas seis personas habían llegado a la ciudad luego de un viaje desde Medellín para cobrarle una vieja deuda a Elías Abohomor de $1.300 millones, en un supuesto negocio de tierras. Pero el comerciante, según la investigación adelantada por la Fiscalía, dijo que los seis hombres intentaron secuestrarlo y pidió la intervención de la Segunda Brigada del Ejército, específicamente el Grupo Gaula. Inmediatamente, tras la denuncia del comerciante, el organismo castrense entró a participar en la investigación y nombró el caso como ‘Operación Apocalipsis’.
Horas después de la denuncia, los seis ciudadanos fueron asesinados por miembros del Gaula Militar en el balneario de Caño Dulce, en el municipio de Tubará, Atlántico. Se estableció que la escena del crimen fue alterada por los militares para simular un presunto enfrentamiento, y así justificar la falsa operación antisecuestro en la cual supuestamente fueron rescatados Abohomor y su primo. La Fiscalía plasmó además dentro de su investigación que este fue uno de los primeros ‘falsos positivos’ de las Fuerzas Militares del país.
El ente investigador, en un largo proceso, determinó que todo se trató de un plan ideado por Abohomor y su primo Alex Navarro Salcedo, para 'quitarse de encima a quien les reclamaban la deuda'.
Después del caso, solo se supo del comerciante y su primo hasta junio de 2008 luego de que fueran detenidos por las autoridades de República Dominicana. Tras el múltiple homicidio, se supo que Abohomor Salcedo y Navarro huyeron hacia Venezuela y después se radicaron en el país caribeño. Los dos fueron deportados y encarcelados en Barranquilla.
Hacia octubre de 2010, el Juzgado Séptimo Penal de Barranquilla falló un Hábeas Corpus a favor de los primos al considerar que estos permanecían detenidos por fuera del término legal: ya había pasado el tiempo suficiente desde la acusación de la Fiscalía y su situación jurídica no había sido resuelta.
Luego de eso, en 2011, Abohomor y Navarro fueron condenados en ausencia por homicidio agravado, secuestro simple, falso testimonio, fraude procesal y falsa denuncia (Navarro no) como presuntos autores intelectuales de la masacre. Junto con ellos también resultaron acusados siete miembros del Ejército y un funcionario del extinto DAS.
A los primos les fue impuesta inicialmente una condena de 14 años de cárcel por el Juzgado Único Penal del Circuito de Barranquilla Especializado de Descongestión. Sin embargo, en abril de 2012 la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla les aumentó la pena a 31 años.