Victimas dentro del proceso que cursa en la Fiscalía General contra Ginna Margarita Ricardo Cantillo y el teniente de la Policía Nacional Juan Carlos Agámez Pájaro por su presunta participación en una estafa masiva a través de la venta de supuestas casas en remate que nunca entregaron, piden hoy la intervención del nivel central del ente investigador al considerar que existen maniobras dilatorias en el caso.
Las personas, en este caso las 28 que denunciaron la situación el año anterior, se basan en la reciente decisión judicial que favoreció a Ginna Margarita Ricardo con la libertad por vencimiento de términos.
Se trató de una diligencia que se llevó a cabo el pasado lunes 9 de julio, en la cual el defensor de la procesada pidió su libertad al verificar que se encontraba 'excedido el término contenido en el numeral 5 del artículo 317 de la Ley 1786 de 2016'. Esto se refiere a que 'cuando transcurridos ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio'.
El encargado de otorgar la libertad fue el Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla.
En ese sentido, las víctimas dentro del proceso señalaron que 'es notoria la negligencia de la Fiscalía en torno al proceso'.
Manifestaron además que en un par de ocasiones han cambiado el fiscal del caso y hoy está en manos de un investigador que 'desconoce el hecho como tal'.
En contexto
Juan Carlos Agámez y su expareja Ginna Ricardo Cantillo, según la Fiscalía, estafaron a 28 personas con la venta de supuestas casas en remate que nunca entregaron.
Los dos fueron capturados en agosto del año anterior.
Según la Fiscalía, Ginna Ricardo Cantillo, la representante legal de Casadores Inmobiliarios S.A.S., ofrecía casas en remate para la venta y nunca las entregó.
Para eso, les solicitaba a sus víctimas dinero a cambio de 'concursar' por un remate de la vivienda ofrecida. Frente a ello, el ente investigador indicó que la mujer y el teniente de la Policía, quien era su pareja, se apoderaron de 1.200 millones de pesos.
La orden judicial contra la mujer fue diligenciada por los delitos de estafa agravada en masa, captación masiva y habitual de dinero, falsedad en documento privado, falsedad material en documento público y concierto para delinquir.
En un interrogatorio que rindió Ricardo Cantillo en su momento, aseguró que el teniente se encargaba del manejo de todos los dineros que ingresaban a la inmobiliaria.
'Juan Carlos Agámez Pájaro era el representante legal de la inmobiliaria y se encargaba de la parte de todos los ingresos de los dineros, manejaba las cuentas en una entidad bancaria a nombre de la empresa Casadores Inmobiliarios, yo elaboraba los contratos de gestión y mandato y por orden del representante legal Juan Carlos Agámez se los entregaba a las personas que acudían a la inmobiliaria a negociar con nosotros, él como representante legal sabía todo al respecto de los negocios que se realizaban dentro de la inmobiliaria', dijo Ginna Ricardo.
