En julio de 2014 el exfiscal antinarcóticos, Camilo Bula Galeano, procesado por el escándalo del manejo irregular de bienes de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), fue condenado a 8 años de prisión por un Juez de Bogotá.
En julio de 2015 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le aumentó la pena a 18 años de prisión por la comisión de los delitos de falsedad ideológica en documento público, obtención de documento público falso, concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, peculado por apropiación y fraude procesal.
En su momento la Contraloría develó que Bula Galeano vendió una serie de inmuebles, entre ellos el Centro Comercial Villa Country de Barranquilla en 2009, el cual fue valorado por él en cerca de $23 mil millones y vendido en $18 mil millones, sin acudir a la información oficial catastral, produciéndose un detrimento de $4 mil millones.
La venta del bien inmueble no solo ocasionó detrimento al Estado, también afectó a los propietarios de los almacenes Calzado Marosca, Cueros Galiani y Calzado Trento, quienes tenían sus mercancías en locales comerciales del establecimiento comercial, las cuales fueron sacadas sin autorización alguna y llevadas a una bodega de entrega de vehículos ubicada en la carrera 68 con calle 74.
'Presenté una denuncia penal ante la Fiscalía de Barranquilla con SPOA 080016001067201207233, la cual conoció la entonces fiscal 50 de la Unidad de Patrimonio Económico, Karol Manotas Ortiz, quien la archivó en febrero de 2013 sin haber realizado una investigación constitucional y legal', aseguró Campo Elías Rincón Cepeda, propietario del almacén Cueros Galiani.
Los otros dos afectados son Osvaldo Enrique Arvilla, propietario del almacén Marosca, a quien la Fiscalía Quinta Local de Barranquilla también le archivó la investigación con SPOA 080016001257201601082, y Carlos Adrián Chiriví García, quien también tenía su establecimiento en este centro comercial denominado Calzado Trento. Los afectados aseguran que cuando funcionarios del CTI llegaron a la bodega a realizar una inspección judicial, no pudieron hacerla debido a que solo hallaron indicios de la mercancía, la cual desapareció.
Las pérdidas económicas fueron estimadas por los tres comerciantes en más de mil millones de pesos.
'Con solo dos entrevistas se procedió al archivo'
Tras apelar la decisión de archivo por parte de los afectados, la cual les fue negada por el Juzgado 12 Penal Municipal en primera instancia y confirmada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito, en segunda instancia, los comerciantes acudieron a la Fiscalía 50 de Patrimonio Económico que también les negó la solicitud de desarchivo.
Finalmente el Juez 10 Penal Municipal les concedió la petición y ordenó el desarchivo del proceso. El togado argumentó, entre otros conceptos, que la fiscal del caso debió profundizar más en la investigación y valorar la situación fáctica.
La decisión fue apelada y le correspondió al Juzgado 5 Penal del Circuito, quien confirmó la decisión a favor de los comerciantes. 'Con dos entrevistas se procedió al archivo, desconociendo que se ingresó a un local comercial sin autorización del propietario; tampoco se indagó cuál fue el destino cierto y final de la mercancía, por lo que resulta cuestionable que la Fiscalía haya tramitado esta actuación sin mayor sustento. El archivo se basó solamente en dos entrevistas', reiteró el juez.
Neil Medina López, abogado de los tres comerciantes en el proceso penal, dijo que la denuncia penal que hizo Campo Elías Rincón en contra de la fiscal Manotas Ortiz por el delito de prevaricato por acción y por omisión, fue archivada por el Fiscal Segundo Delegado ante el Tribunal Superior de Fiscalía.
Asegura el jurista que el mismo Tribunal también conoció y archivó al mismo tiempo otra denuncia con la misma fiscal y los dueños del Centro Comercial Villa Country: Luis Fernando Vásquez Montoya, Leo Eisenband y representantes legales de Alianza Fiduciaria y Fiduciaria Colpatria, así como representantes legales del centro comercial y otros, con número de SPOA: 080016001257201504048.
'Uno de los dueños del centro comercial es dueño de las oficinas donde funcionaron, hasta diciembre del año pasado, las oficinas del Tribunal Superior de Fiscalía de Barranquilla, donde archivaron estas dos investigaciones, por lo que estas Fiscalías debieron declararse impedidos para conocer de estas denuncias penales, pero no lo hicieron', cuestionó el abogado Medina López.
Los denunciantes aseguran que presentaron una solicitud de variación de asignación del proceso para que sea llevado en Bogotá, ya que consideran que 'aquí no hay garantías', pero aún la Fiscalía no se ha pronunciado al respecto.
