El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, radicó un memorial ante el Tribunal Superior de Barranquilla, en el que le pide se respeten las decisiones judiciales en torno al proceso de desalojo de la polémica empresaria del chance Enilce López, quien está condenada a más de 35 años de cárcel.
'No les queda bien a los entes de supervisión, control y vigilancia, ni mucho menos a las entidades administrativas como la Sociedad de Activos Especiales (SAE) hacerles barra a los fallos que salen en su favor y descalificar los que le resultan adversos. Colombia es un estado de derecho y se deben respetar las decisiones judiciales', sostuvo Bustos.
Explicó que este cuestionamiento se hace evidente cada vez más en varias regiones. 'Desde diferentes partes del país nos han pedido revisar la protección que el Estado le debe garantizar a los derechos fundamentales de los ciudadanos privados de la libertad y nos inquieta que la SAE y el señor viceprocurador se preocupen más por construirle un hospital en la cárcel a Enilce López, que por garantizar a toda la población carcelaria la atención medica requerida', declaró.
Finalmente, consideró que es importante aclarar que 'pediremos que se mantengan las decisiones que en derecho se tomaron a través del magistrado Demóstenes Camargo el pasado 2 de marzo, toda vez que se hacen en procura del respeto de los derechos humanos y fundamentales a los que todo ciudadano colombiano tiene derecho, y quebrantarlo generaría un antecedente gravísimo para la jurisprudencia del país, aplicable a todos los casos'.