Preocupados se mostraron los jueces de control de garantías de Barranquilla por las declaraciones entregadas por el general Mariano Botero Coy, comandante de la Policía Metropolitana, sobre la libertad que le otorgó la Juez 18 Penal Municipal a Rehinel Tapias Torres, capturado con un arma de fuego ilegal y violando una medida de detención domiciliaria vigente.
El general Botero Coy no compartió la decisión de la togada argumentando que Tapias Torres 'es un peligro para la sociedad' y añadió que 'no podemos seguir con la analogía de liberen a Barrabás y que el pueblo sufra'.
Ante esto, el juez de control de garantías, Daniel Corrales Oviedo, señaló que la captura ilegal es atribuible a la Policía.
'Las declaraciones del general nos dejó un sinsabor porque lo dicho por él lastimosamente no corresponde a la realidad de los acontecimientos. El motivo que genera esa situación es básicamente atribuible a la misma Policía por no ser garante de los derechos constitucionales y legales de ese ciudadano', dijo Corrales.
Sobre las nueve anotaciones judiciales y la detención domiciliaria que estaba violando el capturado, el togado señaló que la falla es del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, entidad que debe estar pendiente que las personas cumplan con la medida impuesta por un juez de control de garantías.
'Las declaraciones del general lo que hacen es crear un malestar de que ellos están haciendo un excelente trabajo y los jueces les estamos dañando ese trabajo y eso no corresponde a la realidad, aquí la realidad es otra, y en el caso puntual fue la misma Policía la que cometió la irregularidad al golpear a un ciudadano; que el ciudadano lo escupió, eso sucedió después del maltrato del mismo policía', dijo el juez Daniel Corrales.
'Fue agredido'. Marta Lucía Cumplido, la juez 18 que decretó la ilegalidad de la captura del presunto delincuente, defendió su decisión asegurando que los policías sí agredieron al capturado.
'En lo que respeta al ciudadano capturado no le fueron respetados los derechos constitucionales, vemos que existió una serie de agresiones por parte de los policías que realizaron la aprehensión, no al momento de la captura sino posterior a ella, en las instalaciones de la URI'.
La togada añadió que actuando en derecho no podía imprimirle legalidad al procedimiento de captura, independientemente de la situación.
'Veo que es un cidadano que cuenta con una serie de anotaciones, estaba incumpliendo una medida impuesta por parte de un juez de control de garantías, sí reprocho esa situación, pero son situaciones que en lo que tiene que ver con la legalización de la captura no se entran a estudiar aquí'.
