Desde el pasado 23 de mayo se acabó el convenio que existía entre la Policía Nacional y el Instituto de Tránsito del Atlántico para la vigilancia de vías secundarias y terciarias en el departamento.
Hasta el 1 de agosto, fecha tentativa para firmar nuevamente el convenio, 23 agentes municipales están encargados de monitorear los 525 kilómetros de vías secundarias y terciarias del Atlántico.
Los 30 agentes de la Policía no se encontraban laborando el pasado 2 de julio. Ese día un bus de servicio especial que tenía como destino Piojó se estrelló en la vía que de Tubará conduce a Bajo La Habana, considerada terciaria, que dejó 3 personas muertas y 38 heridas.
Orlando Parra, director del Instituto de Tránsito del Atlántico, aseguró que los cinco agentes de tránsito municipales que tiene Tubará se encontraban trabajando ese día, ya que era puente festivo.
'Por la fecha se hacen operativos preventivos en lugar de operativos de control y sanción, para asegurar la movilidad del alto flujo de tráfico', explicó Parra.
Es decir, de forma aleatoria paraban a vehículos para revisar papeles. 'Si el vehículo no tiene problemas con los papeles, se deja pasar sin registro', aclaró.
Agrega que ese día la mayoría de los agentes se encontraban concentrados en Luruaco, en donde se llevaba a cabo una feria y por tanto no había apoyo para estas vías diferente a los cinco agentes mencionados.
Dos de ellos fueron los primeros en responder al llamado del accidente.
Papeles en orden
Carlos Granados, Secretario de Tránsito del Atlántico confirmó que el bus de placas UZA 683 tenía los papeles en orden.
'El vehículo tenía su seguro obligatorio, la revisión tecnomecánica y su tarjeta de operación nacional vigentes', aseveró el funcionario.
Sin embargo, aún falta el Formato Único del Extracto del Contrato. En este se especifica el trayecto que debía tomar el bus, concertado con el contratante. Aún no han podido localizarlo debido al estado y el lugar en el que quedó el bus.
También se espera que mejore Ariel Herrera Padilla, conductor del bus, quien se encuentra todavía en la Clínica Vidacoop y es una pieza clave para esclarecer tanto lo sucedido como la existencia de este contrato.
Según Granados se corroboró que el vehículo está registrado en La Guajira y vinculado a la empresa Transportes Especiales El Copey Ltda, que es del Cesar. El funcionario confirmó que abogados de esta empresa ya se contactaron con las autoridades para dialogar sobre la situación.
Luego del estudio de la escena que se comenzó a realizar ayer por parte de una unidad de investigación técnica de la Policía, que llegó desde Bogotá, el bus será llevado a un parqueadero.
Con esa información entrará la Superintendencia de Transportes a investigar lo sucedido. De encontrar una irregularidad, específicamente en el caso del contrato, la empresa El Copey se vería sancionada económicamente e incluso podrían quitarle la habilitación de transporte especial. Adicional a esto, familiares de las víctimas preparan una demanda en contra de la empresa por los daños sufridos en el accidente.
