En el barrido que hicieron ayer los directores de los establecimientos carcelarios El Bosque y Modelo identificaron que 152 internos han tramitado igual número de solicitudes de audiencias para libertad por vencimiento de términos, tras cumplir más de un año cobijados con medida de aseguramiento preventiva, sin que hayan sido absueltos o condenados por la justicia.
Desde la entrada en vigencia de la Ley 1786 de 2016 el pasado primero de julio, 46 internos de la Cárcel Modelo han tramitado su libertad, 86 lo han hecho en la Penitenciaría de El Bosque, mientras que 20 la han solicitado en la Cárcel Distrital El Bosque.
En lo que concierne al centro de reclusión El Buen Pastor, de 10 mujeres que se encuentran privadas de la libertad por la comisión de delitos que trata la justicia penal especializada, como extorsión y concierto para delinquir, dos reclusas solicitaron audiencias de libertad por vencimiento de términos, las cuales no se pudieron llevar a cabo.
Como lo informó EL HERALDO en primicia el pasado 17 de mayo, 360 reclusos del Atlántico que llevan más de un año con medida intramural sin que se les haya resuelto su situación jurídica, podrían quedar en libertad. De estos 161 llevan más de dos años presos.
Para evitar la salida masiva de estas personas por vencimiento de términos, la Fiscalía Seccional de Barranquilla presentó al Centro de Servicios Judiciales 86 solicitudes de prórroga de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad hasta por un año.
De estas se realizaron 69 audiencias, en las que los jueces de control de garantías solo prorrogaron las medidas por un año en dos casos. Las otras 67 audiencias de solicitudes fracasaron debido a que en algunos casos no se hicieron presente los procesados o en su defecto sus defensores.
Evaluación de jueces
Claudia Expósito Vélez, presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura, indicó que las libertades por vencimiento de términos no operan automáticamente.
'El juez de garantías en cada caso evaluará si hubo una maniobra dilatoria de la defensa, si hubo una resistencia del procesado de asistir a la audiencia, son muchos factores los que influyen en la dilación de los términos', manifestó Espósito.
La funcionaria dijo que junto a la Fiscalía hicieron un plan consistente en las solicitudes de prórrogas de las medidas de aseguramiento.
'El Centro de Servicios programó todas las prórrogas hasta el 30 de junio, la mayoría fracasó, pero no por culpa de los jueces', explicó la funcionaria judicial.
