El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán negó las pretensiones de varias demandas que abarcaban 73.611 personas, con las que se pretendía responsabilizar a la Nación por los dineros que los ciudadanos perdieron en captadoras ilegales.
Se trata de una serie de demandas presentadas desde el 2009 y que fueron acumuladas. Todas buscaban la reparación por 20 billones de pesos a víctimas de captadoras como DMG y Proyecciones D.R.F.E., entre otras, y que alegaba que hubo omisión de parte de las autoridades estatales porque, en su criterio, debieron evitar estas acciones.
'Estas personas tenían pretensiones acumuladas por una cifra cerca a los 20 billones de pesos. La decisión niega las pretensiones de los demandantes y encuentra que la Nación no tiene responsabilidad alguna porque existe el principio de libertad económica y las personas tienen responsabilidad sobre el uso de sus propios recursos', señaló el director de la Agencia Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez.
En este caso, el Estado colombiano demostró que los organismos de inspección y vigilancia asumieron su labor con total diligencia, contrario a lo que sucedió con los ciudadanos que no tuvieron el debido cuidado con su patrimonio.
El juzgado señaló que no puede atribuirse culpa alguna al Estado al considerar que en todo momento y una vez descubierto el fenómeno, empezó a alertar a la población para que no invirtieran en negocios de dudosa credibilidad.
Vélez señaló que se han presentado 564 demandas contra la Superfinanciera desde 2008 por temas relacionados con la captación ilegal de recursos del público, de las cuales 220 ya tienen fallo de primera instancia a favor de la Nación y 50 en segunda instancia.
El superintendente Financiero, Jorge Castaño, indicó que el fenómeno de las captadoras ilegales en el país se ha trasladado a escenarios virtuales, lo cual ha llevado a la entidad a hacer 20 advertencias sobre tipos de negocios que pudieren parecer fraudes o esquemas piramidales.
