El pasado 3 de mayo, la fiscal 32 de Derechos Humanos, Carlota Núñez, dictó medida de aseguramiento y libró órdenes de captura contra seis uniformados del Ejército por el mal llamado ‘falso positivo’ de hace 20 años contra el profesor de primaria barranquillero, Mario Rafael Acosta Ávila, quien escondiéndose unos manuscritos en las medias delató a sus presuntos agresores, los que además permanecen libres debido a que fueron favorecidos hace 10 años con una nulidad del caso decretada por la Justicia Penal Militar.
EL HERALDO conoció la resolución de acusación, de un centenar de páginas, por los delitos de homicidio agravado y secuestro simple agravado contra el teniente Jaime Calvache, el teniente Kewin Vizcaíno, el sargento Víctor Caro, el soldado cartagenero Lácides Patrón, el soldado Ángel Amaya y el cabo Jesús Paredes.
Trabajaba en una escuela
El 15 de junio de 1997 varios uniformados reportaron un supuesto combate entre tropas del Batallón de Infantería Mecanizado No. 5 Córdova y un grupo de subversivos del Frente 19 de las Farc, en Río frío, jurisdicción de Ciénaga, Magdalena.
Dos días después, se identificó el cadáver del profesor barranquillero, de 30 años de edad, 'quien laboraba desde hacía ocho años como profesor de primaria en una escuela de San Pedro de la Sierra', indica la acusación.
El teniente Calvache había asegurado al respecto que los combates se dieron desde las 4 de la mañana y que las víctimas fueron abatidas y las encontraron 'uniformadas'.
No obstante, el padre de la víctima, Mario Acosta Escobar, dijo a la Justicia que a su hijo 'lo habían secuestrado cerca a (la cooperativa de) Transportes de Ciénaga cuando este iba a tomar el bus que se dirige a San Pedro de la Sierra, que en ese momento su hijo se encontraba con otro profesor, que cuando se despidió de ese otro docente, llegó una camioneta rojo con blanco y lo hicieron subir a la misma llevándoselo'.
Agregó que su hijo, al momento del plagio, 'iba de civil, con sus documentos de identificación'.
Y la acusación cita también a la esposa del profesor, María Flórez, quien contó que su marido fue secuestrado el viernes 13 de junio de 1997, y que ella fue a la Fiscalía a reportar el hecho el domingo, pero le dijeron que volviera el lunes, y cuando lo hizo le dijeron 'que fuera a reconocer un cadáver'.
Los militares confiesan
El sargento Caro contó en indagatoria que a los tenientes Vizcaíno, del Grupo Gaula Magdalena y Calvache, de un Grupo Especial del Batallón Córdova de Santa Marta, les dieron una 'orden de operaciones contra el Frente 19 de las Farc', asegurando que las víctimas, el profesor y un sujeto identificado como alias Diomedes, eran dos guerrilleros.
No obstante, en una ampliación de diligencia, confesó el suboficial que 'las dos víctimas fueron secuestradas y permanecieron como tal en la base de Ciénaga, (…) que estas dos personas se encontraban uniformadas (…), que posteriormente salen con dirección a Río Frío, llevando uno de esos hombres Vizcaíno y el otro era llevado por Calvache'.
De repente, casi al amanecer, contó, Vizcaino reportó un cadáver y Calvache otro.
Dos uniformados muertos
Caro, finalmente, narró que lo obligaron a decir que él había manejado el carro rojo para secuestrar al maestro, y advirtió que ha recibido amenazas y atentados, poniendo de presente además 'las amenazas y la muerte del militar Quintero y sobre la desaparición del carro campero rojo'.
A su vez, el soldado cartagenero Patrón contó acerca de un testimonio que le dio otro soldado, Luis Zambrano, asesinado en Santa Marta posteriormente: 'el tenientes Vizcaíno tiene dos personas en la base de La Y, no sé qué irán a hacer con esa gente', dijo que le manifestó el colega.
Patrón, además, describió cómo habría sido el ‘falso positivo’ del profesor: 'el teniente Vizcaíno lo mató. Lo que alcancé a ver fue que lo colocó como a una distancia de cinco metros aproximadamente y le disparó con el fusil', y agrega que el teniente les dijo 'que si preguntaban dijeran que era un combate'.
Los mensajes en las medias
De acuerdo al ente acusador, el profesor habría escrito dos manuscritos en tarjetas de presentación y se los habría guardado en las medias para entregarlos en algún momento a un emisario que pudiera buscar al líder comunitario y a la vez su empleador, para que este pudiera socorrerlo y sacarlo de la detención en la base de Ciénaga. No obstante, antes de que pudiera encontrar con quien enviarlo, fue acribillado por los uniformados señalados tras una caminata por el monte.
En el acta de levantamiento del cadáver, además de leerse que el cadáver tenía heridas en la cabeza y el tórax y brazo derechos, se consigna al respecto 'la existencia de dos tarjetas (de presentación) a manuscritos que decían ‘miren a ver qué pueden hacer’ y ‘busquen a William Flórez’, de las que fue realizado examen grafológico que concluyó señalando que la escritura examinada presentaba coincidencia con las escrituras auténticas de la víctima Mario Acosta'.
Y sobre Flórez, se indica en la acusación: 'se conoció que era un líder comunitario en la región de San Pedro y además era el gerente de cafeteros, labor que desempeñaba la víctima y su joven compañera permanente para ayudarse económicamente'.
La otra víctima de la ejecución extrajudicial ha sido identificado hasta ahora como alias Diomedes, sobre quien se lee: 'la trayectoria de las heridas que le son producidas (…), se destaca igualmente que se encuentra en plano inferior-superior, luego quien le dispara se encuentra apuntándole cuando se encuentra en el suelo' (sic).
Hablan representantes de víctimas
La Organización Defensora de Derechos Humanos Corporación Colectivo de Abogados Opción Jurídica, que representa los intereses de los familiares del profesor víctima, le dijo a EL HERALDO que 'la decisión tomada por la Fiscalía General de la Nación, es acertada y confirma lo que a voces se sabía en la región donde laboraba el profesor Mario Rafael Acosta Ávila'.
Indican además los representantes de la familia del maestro que 'su ejecución extrajudicial da cuenta de que este tipo de situaciones no son nuevas en el país y por el contrario habla de que desde hace muchos años atrás ya se estaban cometiendo esta serie de crímenes'.
Finalmente, frente a la posibilidad de que estos casos sean favorecidos jurídicamente a la luz del acuerdo de paz con las Farc, advirtieron que 'casos como estos no serán objeto de amnistía, tal como lo establece Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y sus diferentes leyes y decretos reglamentarios, por ser crímenes de lesa humanidad'.
