El abogado Donaldo Del Villar Delgado, defensor de Enrique y Carmenza Ávila Chassaigne, aseguró ante la juez que 'las obras contratadas están concluidas y recibidas a satisfacción por la Gobernación', desde el 15 de septiembre de 2014.
'Aún no las ha pagado en su totalidad. La sindicación no equivale a condena. A mis defendidos los acompaña la presunción de inocencia, regla que implica reducir al mínimo las medidas restrictivas de sus derechos durante el proceso', sostuvo el viernes, al solicitar que no se profiriera detención en cárcel contra sus clientes.
Entre sus argumentos, el abogado de los Ávila Chassaigne señaló que su 'trayectoria profesional, la carencia absoluta de antecedentes', además de que siempre han estado prestos a atender los interrogatorios.
'La presentación voluntaria de uno de ellos (Antonio), la colaboración con la investigación, y el mismo hecho que la Fiscalía haya confiado en dejar sus pruebas en custodia en la empresa de mis defendidos; constituyen evidencia irrefutable que no constituyen peligro, que implique asegurarlos anticipadamente con una ‘pena carcelaria’, que debe ser producto de una sentencia firme'.
Sobre las interceptaciones telefónicas, afirmó que 'no son suficientes para derivar la necesidad de privarlos de la libertad, pues al asimilarse a documentos, no gozan de autenticidad, ni existe el cotejo respectivo, que es un criterio de valoración. No es suficiente la captación magnetofónica de las voces, sino que requiere la identificación'.
