El alcance del presunto desvío de los recursos destinados por la Gobernación de La Guajira para el plan de infraestructura educativa del departamento, está calculado 'a la fecha' en $24.090 millones. 'Hasta donde se ha podido avanzar en la investigación porque aún hay mucha información por recaudar', aseguró el fiscal 4 de Administración Pública, Gentil De León Marmol.
La suma se conoció el miércoles en la audiencia de imputación de cargos a los hermanos Antonio, Enrique y Carmenza Ávila Chassaigne, directivos de la Unión Temporal del Norte, investigados por peculado por apropiación agravado y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Lo expuesto durante casi dos horas por el fiscal indica que la Contraloría y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) también hallaron posibles sobrecostos por más de $10.000 millones, pagos ficticios a proveedores de bienes y servicios, y que la firma 'subcontrató casi que un 90% de las obras que se comprometió a realizar'.
52 vinculados
Al dar a conocer el 20 de octubre los primeros resultados del plan ‘Bolsillos de cristal’ contra la corrupción, la Fiscalía advirtió que funcionarios públicos, contratistas y particulares están 'comprometidos' en irregulares procesos de contratación de programas de educación, acueductos, salud, atención a la primera infancia y obras civiles en La Guajira. 'Se ha dispuesto la imputación de cargos a 41 personas y se avanza en la acusación de otras 11'.
Los hermanos Ávila Chassaigne son tres de los nueve implicados afectados con órdenes de capturas. Otras cinco personas están citadas a imputación por los mismos delitos, entre esas el exgobernador Jorge Eduardo Pérez Bernier (2008-2011).
Alvis Alberto Martínez, John Polo López y Álvaro Ávila Durán, empleados de Ávila Limitada, además de Dinhora Sierra Peñalver, exjefe de la oficina asesora de contratación del gobierno Pérez, fueron los primeros detenidos. Un juez de Riohacha les impuso el 21 de octubre medidas no privativas de la libertad, con restricciones para salir del país.
Una decisión similar adoptó el viernes una juez en Barranquilla frente a Enrique y Antonio Ávila, imputados por contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. A Carmenza Ávila le profirió detención domiciliaria, debido a que es sospechosa de 'un concurso de delitos': el ya mencionado y peculado por apropiación agravado.
Agentes del CTI aprehendieron la noche del martes a Enrique y Carmenza Ávila en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, luego de que arribaron en un vuelo procedente de Miami, Estados Unidos. Antonio, conocido entre allegados como Tony, se presentó el miércoles con su abogada en la Unidad de Reacción Inmediata (URI).
Contemplaba más sedes
La investigación al proyecto de megacolegios en La Guajira se remonta a 2009, en el mandato de Pérez Bernier y al trámite del contrato 770 de ejecución del plan de infraestructura educativa del departamento.
Para la Fiscalía, las anomalías se presentaron desde la misma etapa precontractual. En ello involucra al propio gobernador, a su secretario de Obras Públicas, Georín Blanchar Díaz, y a la jefa de la oficina asesora en contratación, Sierra Peñalver.
El fiscal De León lo explicó así: 'Se preguntarán por qué se menciona a estas personas. Es importante porque tuvieron una participación activa en el desarrollo de cada una de las etapas del contrato y, de alguna manera, son con quienes se conecta la figura de la coautoría'.
Sierra intervino en la asignación de los recursos que se destinarían: regalías del gas y el carbón, y otro porcentaje de convenios con municipios de la frontera. Blanchar diseñó y estructuró después una iniciativa que contemplaba intervenir 723 sedes educativas, por un costo de $208.000 millones.
El departamento no contaba empero con el presupuesto necesario, por lo que se estableció el mejoramiento de 57 instituciones y la construcción de cinco. El valor del contrato se tasó en $90.000 millones, discriminados así: $5.849 millones 160 mil para estudios y diseños, y $84.150 millones 840 mil, para las obras.
Lea también: 'Las obras están concluidas y recibidas a satisfacción': Abogado hermanos Ávila Chassaigne
Sin estudios previos
El ingeniero civil Georín Blanchar 'orientó y direccionó los pliegos de condiciones, limitando la participación de oferentes, contrariando el principio de selección, objetiva, transparencia, moralidad pública y la imparcialidad'.
A esa conclusión llegaron los ingenieros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), al revisar el proceso que antecedió la adjudicación y firma del contrato.
Se descubrió por ejemplo la ausencia de estudios de mercado, con lo cual se fijan los valores de un contrato, en especial de uno tan costoso como el 770. Sierra debió emitir observaciones respecto de esa falla, pero no lo hizo, pese a que junto con Blanchar conocían del manual de elaboración de estudios de previos expedido por la Procuraduría.
'No se encontró soporte de precios, ni valores que permitieran establecer cómo se estimo el presupuesto de la obra, cómo se estimó el costo de los diseños; no se dejaron directrices claras de qué tipo de construcción, tipo de acabados y elementos arquitectónicos se debían implementar', cuestionan.
Mucho menos se halló rastro de la documentación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). En el análisis de conveniencia tampoco se precisó cómo fue estimado el presupuesto, ni el plazo para llevarlo a cabo.
Condiciones limitadas
Al proceso de licitación pública LP-0232009, abierto el 23 de octubre de 2009, se presentaron dos proponentes: Consorcio Colegios 2009 y la Unión Temporal del Norte. Esta última fue constituida por Ávila Limitada y HH Arquitectura, y tenía como representante legal a Carmenza Ávila Chassaigne.
Los investigadores reportaron en sus informes que no encontraron documentación de la propuesta de Consorcio Colegios 2009, lo que genera dudas de si en realidad hubo un segundo interesado en licitar.
De acuerdo con los expertos, en el pliego de condiciones se plasmaron además 'obligaciones que, sin lugar a dudas, limitan la participación; que solo puede cumplir un determinado contratista'.
Una de las restricciones fue detectada en los requisitos de experiencia en diseño. 'Acreditar que había ejecutado en máximo tres contratos de diseños, revisión de diseños y/o rediseño o ajuste de los diseños de mínimo 60 edificaciones institucionales oficiales; de los cuales, al menos 15 diseños debe corresponder a instituciones educativas'.
La Unión Temporal del Norte certificó experiencia en un total de 17 obras de instalaciones escolares, no 60. Aun así fue habilitada y seleccionada.
Cuenta de Ávila, no UT
La primera parte del pago del contrato fue un anticipo de $45.000 millones, destinados al comienzo de la obra, los estudios y diseños.
La normativa colombiana dispone que el dinero que se cancela por adelantado a un contratista se deba invertir en el objeto del contrato y manejarse a nombre de la obra, no a título personal.
En este caso, lo correcto era a nombre del contrato, en cuenta conjunta entre la Unión Temporal y la Gobernación. Pero eso no sucedió, a pesar de que al contrato de $90.000 millones se le hicieron ocho adiciones y terminó costando $134.973 millones, al igual que el plazo se amplió a 46 meses.
Tras la firma el 26 de noviembre de 2009, la Unión Temporal del Norte recibió el 16 del mes siguiente $30.000 millones y el 20 de abril de 2010, $15.000 millones. En la inspección de documentos, el CTI encontró que Carmenza, Milena, Enrique y Antonio Ávila Chassaigne manejaban la cuenta del Banco BBVA dispuesta para la 'ejecución del plan de infraestructura educativa departamental'. También controlaban con Fiorella Pugliesse otra cuenta en el Banco de Occidente.
Un certificado de existencia y representación de 2011 muestra que Antonio, Milena y Carmenza Ávila, y Dilia Chassaigne de Ávila eran los socios de Ávila Limitada.
'En estas se manejó el recurso que se les entregó, llama la atención que no existía una cuenta que se estuviese manejando por la Unión Temporal, sino que, al parecer, Ávila Limitada tenía el manejo de todos esos recursos', reveló el fiscal en la audiencia.
Lo anterior –continuó– llegó 'al punto que cheques girados fueron cobrados por Martha Carvajalino, esposa de uno de los hermanos Ávila, y propietaria del Hotel Taroa de Riohacha'.
Pagos ficticios y más
Al indagar más a fondo, contadores e ingenieros del CTI evidenciaron irregularidades en la manera cómo fue gastado el erario.
Las verificaciones con los proveedores de la Unión Temporal arrojaron que, 'en su totalidad, el monto de los anticipos resultaron ser operaciones ficticias de compraventa de bienes y servicios' con las siguientes firmas y/o personas:
Metaltech Comercial S.A., por $1.299 millones; Proimetal S.A., $905 millones; Central de Hierro Ltda., $906 millones 551; Félix Contreras Mercado y/o Distrimateriales, $1.001 millones 142; UV Constructores Ltda., $210 millones; Jorge Eliécer Vera, $300 millones; José Antonio Vera, $25 millones; Francisco Torres, $400 millones; GO Construcciones S.A., $502 millones, y Alfredo Peralta Carrillo, $1.370 millones. Para un total de $6.918 millones.
'La señora Carmenza Ávila, usando dineros del anticipo, realizó movimientos financieros; existe un informe de que en total sumaron $6.918 millones, recursos que no fueron aplicados al objeto del contrato como tal, sino desviados, y que fueron a parar a manos de terceras personas', consta en la imputación a los Ávila.
'Resulta acertado concluir –agrega– que los $6.918 millones que aparecen girados por la Unión Temporal del Norte, a favor de aparentes proveedores beneficiarios, finalmente no fueron recibidos por estas personas'.
Varios supuestos proveedores, en declaraciones juradas, afirmaron ante la Fiscalía 'que no recibieron estas sumas de dinero'. Que solo 'se prestaron para hacer un favor', al emitir cuentas de cobros para que se justificara ante la Gobernación la posible inversión a cancelar. 'Que, en la realidad, nunca recibían ese recurso porque no era una negociación real'.
Las negociaciones dudosas condujeron a los investigadores, al igual que a la Contraloría y al DNP, a coincidir en el hallazgo de gastos excesivos por la subcontratación de un 90% de la mayoría de obras.
En total, el valor de diferencia calculada con base en los precios resultó en $17.171 millones, una consecuencia apenas lógica de la falta de estudios previos de mercado y conveniencia.
'He allí la inquietud sobre si la Unión Temporal del Norte, o las empresas Ávila Limitada y HH Arquitectura, tenían la capacidad técnica y financiera para haber desarrollado ese megaproyecto', puntualizó De León.
El fiscal adelantó que en el desarrollo de las pesquisas se interceptaron llamadas a varios de los implicados en este presunto desvío de dineros. Las conversaciones evidenciarían el interés por ocultar información, 'por temor a que se puedan descubrirse más irregularidades en otras millonarias licitaciones, varias de esas en la Costa Caribe', aseguró una fuente que trabaja en la denominada operación ‘Bolsillos de cristal’.
Detrimento por impuestos
Paralelo a la investigación penal, la Contraloría General de la República evidenció que la Gobernación de La Guajira, presuntamente, se abstuvo de practicar la totalidad de los descuentos correspondientes a los impuestos de orden nacional, como el impuesto a las ventas, rete IVA y retención en la fuente, por valor de $25.900 millones.
'Valores que fueron girados al contratista, sin haber sido debidamente liquidados, recaudados y girados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), generando un detrimento por la afectación de los ingresos del Estado por dichos conceptos', señala el organismo en uno de sus informes sobre este caso.
Los valores de los impuestos no cancelados fueron discriminados así: IVA, $17.807 millones; rete IVA, $7.673 millones; y retefuente, $419 millones.
'Como consecuencia, la Contraloría General de la República evidenció una lesión al patrimonio público con ocasión de la ejecución y pago del contrato 770 de 2009, (…) recursos provenientes de regalías que han sido pagados en este contrato', alertó la entidad.
