En el proceso de extinción de dominio de los bienes incautados a la empresaria del chance Enilce López Romero y su núcleo familiar, han comenzado a surgir obstáculos y presiones contra poseedores y arrendatarios.
Así lo confirmó a este diario un alto funcionario de la Fiscalía, en el nivel central del organismo en Bogotá. 'Por el miedo no lo dicen oficialmente, pero al momento de la materialización de las medidas cautelares, algunos arrendatarios de los locales comerciales que pertenecían especialmente al hijo de la señora López Romero, manifestaron que fueron amenazados'.
EL HERALDO reveló en su edición de ayer un listado elaborado por el acusador sobre 846 de las 1.580 propiedades decomisadas a López. Además, pormenores de cuatro de los informes que la DEA entregó entre octubre de 2009 y febrero de 2011 a la Policía.
La información contenía testimonios de dos escoltas sobre 'la organización liderada por su expatrona y sus hijos José Julio y Jorge Luis Alfonso López'.
La DEA refirió también cómo el clan López forjó una red de empresas, siendo más importantes las dedicadas a la explotación del chance, que facilitó el 'ocultamiento de dineros' de paramilitares. En especial de Salvatore Mancuso, excabecilla preso desde 2008 en Estados Unidos por de narcotráfico.
El caso Maza
El proceso de extinción de dominio tuvo la semana anterior un punto álgido, por el asesinato de Miguel Segundo Maza Álvarez. La víctima era hijo del general (r) Miguel Maza Márquez, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que en 2011 quedó liquidado para darle paso a la Agencia Nacional de Inteligencia.
Un sicario mató a tiros a Maza Álvarez, de 54 años, dentro de un almacén agrícola en el municipio Magangué (Bolívar). El crimen ocurrió el lunes, a las 11:30 de la mañana.
Las sospechas en torno al crimen, informó ese mismo día en la tarde el diario El Espectador, no estarían lejos del trámite con algunas propiedades incautadas a López y su familia.
'Maza Álvarez se encontraba en esa región asesorando a un hombre que, al parecer, estaba detrás del secuestro y embargo de los bienes de Enilce López', refirió el diario capitalino.
Y agregó que la Sociedad de Activos Especiales (SAE), consultada sobre Maza Álvarez, respondió que 'no hacía parte del registro de depositarios y liquidadores del Frisco, por tanto, no tenía ningún activo especial bajo su administración'.
La fuente de la Fiscalía consultada por EL HERALDO, que integra la dirección de fiscalías de extinción de dominio, aseguró sin embargo que sí es posible que el asesinato del abogado se relacione con depósitos de bienes de la empresaria, que como núcleo su familiar es oriunda de Magangué.
'Algunos arrendatarios de los locales comerciales que pertenecían especialmente al hijo de la señora López Romero, manifestaron que fueron amenazados con que si no les pagaban a ellos el importe del arriendo, sino a la SAE, podían peligrar sus vidas', añadió. 'Pero, pues, no tenemos registro o prueba formal'.
Investigación en curso
El proceso con los 1.580 bienes de López se desarrolla bajo la antigua ley de extinción de dominio (793 de 2002). Tras la vinculación de 69 propiedades en el último operativo realizado hace tres semanas, 5 de julio, se viene cumpliendo con las notificaciones de quienes figuran como propietarios.
Al finalizar esa etapa, seguirá la oportunidad para que los dueños y sus abogados interpongan recursos contra la resolución de inicio de extinción.
Luego la misma Fiscalía, en segunda instancia, definirá si mantiene o revoca las medidas cautelares de embargo y secuestro. Las que se confirmen pasarán a jueces de extinción del derecho de dominio, que tendrán la última palabra.
'Eso no significa que no sigamos adelantando las investigaciones, siempre y cuando se tenga noticia de más bienes que hayan sido producto directo o indirecto de actividades ilícitas presuntamente cometidas por Enilse del Rosario López Pumarejo', advirtió el funcionario.
Tácticas
El rastreo de las pertenencias de López empezó en 2010, posterior a que la DEA remitiera en octubre del año anterior el primer informe sobre una 'organización narcotraficante, y de lavado y ocultamiento de bienes', que tenía 'empleados, medios y empresas'.
La Fiscalía se apoyó en un grupo especial de la Dijín de la Policía, al igual que en el Gobierno de Estados Unidos. En total, 15 agentes conformaron el trabajo investigativo. La primera etapa tuvo un componente mayoritario de expertos en contabilidad y topografía para los análisis financieros y la ubicación de los bienes.
Durante las cuatro fases en que se ha dividido la indagación, se ha establecido que la presunta red de lavado de activos encabezada por López ha usado, por más de 20 años, tres modalidades para encubrir la procedencia de sus recursos.
Una consiste en personas que no tienen la capacidad económica para adquirir los bienes a su nombre, pero no están en el radar de las autoridades. La DEA señaló en sus informes que, según los exescoltas de La Gata, dos ejemplos de esa táctica de testaferrato habrían sido:
Jenny del Rosario Pérez Rodríguez: 'una persona de una solvencia económica, no para poseer bienes en gran cantidad' (sic).
Y Aleyda Salazar Sepúlveda: 'una persona humilde, de escasos recursos económicos y que es la típica persona utilizada como testaferro, igualmente es de confianza de la señora Enilce, y que siempre estuvo devengando salarios como empleada en oficios varios' (sic).
Puede ser más
En una segunda modalidad aparecen quienes sí tienen capacidad económica, pero no registraban ganancias propias que justificaran la supuesta adquisición de bienes. 'Por eso es un poco más difícil'.
La DEA menciona, como uno de esos presuntos casos, a Jorge Alberto Abisambra González como 'de confianza de Jorge Luis, que a pesar de su familia tener cierta capacidad económica, no es para que él mismo tenga a su nombre propiedades de gran valor o mueva dinero en grandes cantidades, que el negocio de la ganadería lo ejerce, pero no para tener y mover por este concepto grandes sumas de dinero' (sic).
La tercera categoría de testaferros fueron 'presta nombres', explicó el funcionario de la Fiscalía. 'Se utilizan sociedades anónimas simplificadas (SAS), para que sean éstas las que sean titulares del derecho de dominio, y como los dueños de esas sociedades son anónimos, como su nombre lo índica, es mucho más difícil el rastreo'.
La Fiscalía ha avaluado en $1,5 billones la fortuna de López Romero, al sumar el valor de las 1.580 propiedades confiscadas hasta ahora.
Pero 'puede ser mucho más', adelantó la fuente. 'Lo que hemos detectado que ha sido proveniente directa o indirectamente de actividades ilícitas, o tiene una relación, es este billón 500 mil pesos que está en cabeza de ella, sus presta nombre o las personas que no lograron justificar ser terceros de buena fe, exentos de culpa'.
El crimen de Maruán Alí
Maruán Alí Osorio fue asesinado la noche del 9 de septiembre del año pasado, en el municipio Sincé (Sucre). Un sicario le propinó cinco tiros por la espalda, en medio de una cabalgata de caballos, en vísperas a las corralejas del municipio.
El comerciante, de 37 años, era natural y residente de Magangué (Bolívar). Un investigador de la Fiscalía dijo que no se ha descartado que el crimen tenga raíces en su municipio natal.
