Las audiencias contra las 10 personas investigadas por presuntamente haber desfalcado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), regional Atlántico, continúan en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla.
Tras culminar las etapas de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de imposición de medida de aseguramiento, el turno le corresponde a los abogados defensores, quienes desde el jueves vienen refutando los argumentos presentados por el fiscal 29 de la unidad de delitos contra la Administración Pública, Guido Rivero.
Los capturados son sospechosos de irregularidades cometidas en dos contratos por $2.459 millones, destinados para alimentar a 1.778 niños de Ponedera y Tubará, en edades comprendidas entre cero y 5 años.
INDAGACIÓN AMAÑADA
En concepto del abogado José Paternina Arboleda, defensor de Carlos Alberto Gamarra Sierra, procesado por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, 'la Fiscalía solo está arando en el desierto'.
'No sabemos cómo llegó la noticia criminal que inicia la acción penal, ni si fue a través de una denuncia o una llamada anónima, una querella o una noticia de prensa, nada de eso está establecido dentro del expediente. Tampoco aparece ningún elemento que nos permita suponer siquiera cómo llegó la información de la supuesta defraudación sucedida con los contratos del Bienestar', cuestionó.
De acuerdo con Paternina 'no existen víctimas' porque 'no se ha producido' afectación alguna.
'Siempre se ha hablado de que hay 1.778 niños que están sufriendo las consecuencias del accionar de estas personas, lo cual es falso. La Fiscalía tiene unas entrevistas tomadas a personas de Tubará que se expresan en los mejores términos, en cuanto al cumplimiento de almacenamiento y refrigeración de los productos, es más, cuando los niños y las madres no iban, ellos les llevaban los refrigerios a sus casas', aseguró.
El abogado Ricardo Camacho González, defensor de Juan Carlos Villanueva Hernández, imputado por el delito de peculado por apropiación, apoyó la posición de su colega y afirmó que la investigación tiene más falencias.
'La Fiscalía ha traído para la audiencia unos elementos que para la defensa son ilegales, fueron mal recogidos, no aparece un informe ejecutivo, una denuncia o una noticia criminal que haga suponer que estas personas hayan cometido el delito de peculado', explicó.
Según Camacho, el ente acusador no ha exhibido un balance financiero que demuestre el desfalco por $303 millones contra el Bienestar que les atribuye.
'Solo bochinche ha traído a la audiencia, no es más que un falso positivo. La Fiscalía sabe que no hay nada, no tiene las facturas para mirar los supuestos sobre costos de los que hablan, por eso el juez debe abstenerse de imponer medida de aseguramiento', aseguró Camacho.
Una vez culminen sus intervenciones los abogados defensores, el juez Carlos Vásquez Velásquez tomará una decisión, la cual dará a conocer la semana entrante.
