Cuatro serpientes mapaná muertas en la orilla, bolsas y botellas plásticas, un olor fétido y el agua color verdoso, resumen el estado en que subsiste la ciénaga del corregimiento San Juan de Tocagua, en el municipio de Luruaco.
El plan de acción 2012-2015 de la Corporación Autónoma de Regional del Atlántico (CRA) indica que la Ciénaga de Tocagua, como se le conoce, es uno de los sitios de asentamiento de aves migratorias que entran a Suramérica, a través de Colombia.
La CRA es la misma entidad que ha tenido directivos, funcionarios y contratistas que juzgados de Barranquilla condenaron ya por manejos irregulares de recursos.
Tocagua volvió a ser noticia hace dos semanas, no por nuevos anuncios de inversión, sino porque la Fiscalía dio a conocer la captura de David Guillermo Solano Navarra, interventor de un proyecto de la CRA que debió 'mitigar el daño ambiental' que empeora cada vez más.
'Vea, usted se mete en esa agua y se gana una roncha', advirtió el viernes Abel Angulo, con 30 de sus 42 años dedicados a la pesca, mientras llevaba en canoa a un equipo periodístico de EL HERALDO por un recorrido en la ciénaga.
Lo que prometieron
Las pesquisas que involucran a Solano se centran en el convenio 061 del 27 de noviembre de 2007, que la CRA y la ONG Asociación Revolucionarios Verdes firmaron por $102 millones 900 mil.
'La Corporación se comprometió a contribuir con $93 millones 900 mil, mientras que la Asociación se comprometió a aportar en especie $9 millones, dinero que se canceló sin haberse ejecutado la obra, hallazgo denunciado en 2009 por la Contraloría departamental', detalló la Fiscalía en un comunicado.
El plan contemplaba que en 45 días se llevaran a cabo la limpieza, el retiro manual del buchón de agua o taruya, la poda de 450 árboles y una jornada de sensibilización en la ciénaga.
'Si hubieran trabajado, tuviéramos hoy otro tipo de agua y vegetación; las microcuencas que rodean la ciénaga están despobladas, se necesita reforestación', lamentó en sus orillas Humberto Currea Yépez, presidente de la fundación de pescadores y ambientalistas del municipio de Luruaco.
Probada corrupción
En palabras castizas, como supervisor del proyecto, Solano debió velar por la inversión de los $102 millones 900 mil. Pero no lo hizo, de acuerdo con los hallazgos de la Contraloría que sustentan la decisión de un fiscal de la unidad anticorrupción: ordenar su detención en cárcel, mientras avanza el proceso.
Solano afronta cargos de falsedad material en documento público, contratación sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, y prevaricatos por acción y por omisión.
En contra del exinterventor no solo juegan el informe de la Contraloría del Atlántico y que, a juzgar por el aspecto del humedal, la inversión anunciada hace ocho años se quedó en el papel.
También pesa que las irregularidades están probadas por las autoridades: Rafael Pérez Jubiz, exdirector de la CRA, admitió que se desviaron los recursos y ya acumula cinco fallos condenatorios, todos bajo vigilancia del Juzgado 4o. de ejecución de penas de Barranquilla.
En esos procesos, la Contraloría y la Fiscalía corroboraron las denuncias que EL HERALDO publicó en septiembre de 2008. Entre otras, el desembolso de $610 millones en convenios con 22 ONG para trabajos ambientales en los municipios del Atlántico, los cuales no se cumplieron –como aconteció con Tocagua–, y hasta el uso de actas falsas registradas ante la Cámara de Comercio para llenar requisitos y contratar de manera ilegal.
Empresa simulada
La historia del desgreño que perjudicó y sigue perjudicando a Tocagua está resumida en un fallo de segunda instancia, de fecha 8 de septiembre del año pasado. En este, la sala penal del Tribunal Superior confirmó una pena de 3 años y 7 meses de prisión domiciliaria a Pérez, por peculado por apropiación a favor de terceros, contratos sin cumplir requisitos legales y prevaricato por acción.
Gran parte de las acusaciones de la Fiscalía que reconoció Pérez, y que son las mismas que enredan a Solano Navarra, se sustentan en hallazgos de la Contraloría consignados en el oficio 022391 del 20 de abril de 2009.
Uno de los vicios fue descubierto al revisar la información de la ONG Asociación Revolucionarios Verdes, representada por Marcel Alcalá Hernández (vinculado al mismo proceso de Solano).
'Tampoco se encontró documento de la CRA que indicara que la asociación es de reconocida idoneidad, por lo que el convenio 061 no reunió los requisitos de un convenio de asociación', explicó en la sentencia el magistrado Jorge Mola Capera.
'Además de existir –agregó– datos de domicilios y teléfonos falsos, que no corresponden a los que el proponente en su oportunidad debió aportar para el estudio de la propuesta'.
Las evidencias dejaron al descubierto que Pérez, al parecer sin reparos del interventor Solano, ordenó pagos a una empresa que no tenía domicilio real y físico, y cuyo representante legal, Alcalá, estaba identificado con un número de cédula que no correspondía a la que tenía registrada en la Cámara de Comercio.
'Se pudo demostrar con las pruebas recaudadas que habiendo ingresado cierto dinero a la CRA y egresado a una empresa simulada, de acuerdo a informes del CTI, favoreció a un tercero, conllevando lo anterior a que el dinero quedara en manos de quien no ejecutó el objetivo', concluyó Mola.
ONG desconocida
En el recorrido por San Juan de Tocagua, EL HERALDO indagó con líderes comunales del corregimiento sobre la ONG Asociación Revolucionarios Verdes y su representante, Marcel Alcalá.
María Francisca Angulo recordó aquel proyecto 'porque salió en el periódico que dijeron que las vacas y los cerdos se habían comido los arbolitos'. Y soltó una carcajada. Se refirió a los trabajos que en otros municipios y corregimientos, no en Tocagua, incluían los proyectos de la Corporación.
Indalecio Jiménez González, presidente del sindicato de agricultores y pescadores (Sintrasanjuán), rememoró que la promesa que involucró a Hernández, pero no que se haya cumplido. '¿Limpieza de sedimento y taruya? No, eso no se hizo'.
Y es cierto: si algo se evidencia al recorrer la Ciénaga de Tocagua, es que no ha recibido una preservación adecuada.
Los testimonios de pescadores coinciden en que hace 40 años, 'en sus años de juventud', alcanzaba hasta 5 metros de profundidad y su orilla estaba a 12 pasos en línea recta de dos casas que se edificaron al frente. Además, era ideal para la cría de la mojara Lora y la Lisa.
Hoy dista de aquellos días de bonanza: desde las dos viviendas se logran dar 50 pasos y, en el recorrido, Abel Angulo enseñó con una vara que su superficie no está a más de 1 metro y 50 centímetros del suelo fangoso y que destila malos olores.
Angulo recuerda que hace cuatro meses fracasó el último intento por revivir la productividad de Tocagua: la Alcaldía de Luruaco donó recursos para que compraran Lisa en Lomita Arena, corregimiento de Galerazamba (Bolívar).
'Hicimos tres viajes, y en cada uno trajimos 20.000 pescados. Todo se murió, y eso que antes se podían pescar Cachamas de 18 y hasta 20 kilos', lamentó.
Las sequías de los últimos dos años también han menguado la capacidad del humedal, cuya extensión alcanza las 300 hectáreas. No solo porque deja de nutrirse de arroyos y las aguas de lluvia, sus alimentadores naturales, sino porque hay denuncias de que hacendados de la zona han ido corriendo las cercas de sus propiedades.
'Cuando se va secando, los finqueros aprovechan el pastizaje para apropiarse de más terrenos', advirtió el líder Currea.
