Las evidencias de la Fiscalía General contra lo que calificó una 'organización criminal al interior del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla' incluye hasta testimonios de una acalorada discusión entre funcionarios, uno de ellos presunto miembro y prófugo de la justicia, por la presunta manipulación de la asignación de fechas y jueces para audiencias en procesos de relevancia, como el del empresario Alfonso del Cristo Hilsaca Eljadue, conocido como ‘el Turco’.
El relato del altercado forma parte del arsenal de indicios que produjo las capturas, el pasado viernes 14 de agosto, en Barranquilla, de los jueces Rafael Uribe Henríquez, José Vergara Otero, Edwin Volpe Iglesias y Gloria Giraldo Ruiz, y los funcionarios Luis Tovar Vanegas y César Villadiego Hernández.
También fueron detenidos el fiscal Óscar Contreras Amarís, los abogados Orlando Anaya Durán y Gabriel Ramos Fontalvo, el inspector de policía Francisco Sanabria Muñoz, el comisario de familia Armando Castro Barraza, y la líder del barrio Las Estrellas, Nerilda Caré Parra.
Ante la jueza novena penal municipal de Cartagena, Elizabeth Araújo Arnedo, el fiscal sexto de la Unidad Anticorrupción, Germán Arias Cortés, reveló parte de los resultados de las investigaciones durante la legalización de capturas, imputación de cargos y solicitudes de medidas de aseguramiento contra 11 de los 12 indiciados.
Durante las prolongadas audiencias, celebradas en el Centro de Servicios Judiciales de Cartagena y el Tribunal Superior de esa capital, EL HERALDO conoció detalles de los elementos probatorios que investigadores de la Dijín recolectaron en casi once meses de pesquisas, que incluyeron inspecciones a procesos penales, copias de la información en computadores, declaraciones de servidores judiciales, llamadas interceptadas e incluso la infiltración de un agente encubierto en la cadena de favores.
La Fiscalía justificó el traslado de los detenidos a Cartagena argumentando que busca 'garantías de transparencia de las decisiones'.
DENUNCIA ANÓNIMA. La investigación contra la red de corrupción que también integrarían magistrados de Barranquilla se inició el 2 de septiembre del año pasado, después de que una carta anónima fuera dejada en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.
El anónimo contenía graves denuncias de presuntos actos de corrupción en la sede del Sistema penal oral acusatorio (Spoa) en Barranquilla.
'Hablaba de unos fleteros capturados a los que les dieron libertad, pese a sus antecedentes, pero en este caso no hemos ahondado', contó un investigador.
La indagación contra desconocidos fue asignada al fiscal Arias Cortés que, entre las primeras misiones, encomendó a la Dijín para que obtuviese copia de los archivos en los computadores donde asignan las fechas y los jueces para las audiencias preliminares en el Centro de Servicios de la capital del Atlántico.
En esas inspecciones fueron descubiertas las primeras anomalías: en el sistema no había rastro de audiencias que se habían celebrado. A los investigadores les llamó la atención que en su mayoría habían sido solicitadas por abogados defensores interesados en obtener beneficios penales para sus clientes.
En busca de respuestas, los policías judiciales consultaron a funcionarios del Spoa. Aunque pocos accedieron a hablar de manera informal, surgió una explicación adicional que alertó a la uniformados de la Dijín: algunos jueces llegaban al extremo de 'auto asignarse' carpetas con pedidos de audiencias para realizarlas. Por eso las asignaciones no quedaban registradas.
COMPULSA DE COPIAS. Uno de los episodios que marcó el rumbo de la investigación tuvo que ver con las llamadas a celular interceptadas a integrantes de los Químicos, una banda criminal identificada así por la Policía Metropolitana de Barranquilla porque fabricaba y traficaba con estupefacientes.
Las pesquisas contra esa organización delictiva empezaron en el segundo semestre de 2013. De ahí que las investigaciones contra jueces, funcionarios y abogados en el caso del Centro de Servicio estuvieran avanzadas cuando la Fiscalía y la Dijín comenzaron a indagar sobre el posible tráfico de beneficios.
En medio de las labores contra los Químicos, un fiscal seccional y los investigadores de la Sijín a quienes les asignaron el caso, obtuvieron el aval de un juez para grabar conversaciones de varios teléfonos. Una de esas líneas la usaba uno de los jefes de la banda: Jairo Rada Atencia, alias Kike o Polo.
Uno de los diálogos dejó en evidencia cómo Rada logró que su esposa Steffy Díaz Atencia, con ayuda de un abogado, obtuviera la detención domiciliaria y recuperara la camioneta que la Fiscalía tenía decomisada por orden de un juez.
El contenido de la llamada fue el motivo de una compulsa de copias de la Fiscalía, cuya existencia conocieron los agentes anticorrupción porque otros funcionarios les indicaron el expediente que contenía la información: 2013-00073.
'Estamos seguros de que se trata de una organización criminal al interior del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla que, valga la pena aclarar, no son todos los funcionarios', aseguró el fiscal Arias en la audiencia de imputaciones.
'También hay gente que se opone -agregó-, como personas que han declarado bajo la gravedad de juramento y, como dice el dicho, estaban hartas de que estuvieran sucediendo esas situaciones'.
SE CAE ‘LA BEBA’. Steffy Díaz, alias la Beba, fue capturada 27 días después de que se abrió la investigación contra la red corrupción. Policías la detuvieron cuando conducía su camioneta por la llamada ‘Y de los chinos’, sector de la Vía al Mar entre Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia.
Los agentes llevaron a la mujer, que manejaba una Chevrolet Captiva, de placas MHW 392, al parqueadero de la Sijín en el barrio Los Alpes.
En su informe a un fiscal de la URI, los policías manifestaron que Díaz reconoció que transportaba droga. 'La misma Díaz Atencia abre en la parte trasera de la camioneta una caja adherida al lado izquierdo, hallando cuatro paquetes rectangulares y dos envoltorios en cinta plástica'. El alijo contenía 4,9 kilos de cocaína.
En la noche del día siguiente (el 30) un fiscal de la URI presentó a Díaz, de 27 años, en audiencia. La capturada no se allanó a cargos, pero el juez ordenó su detención en el centro de rehabilitación femenino El Buen Pastor.
Por solicitud del fiscal, el juez también suspendió el poder dispositivo de la camioneta. Una especie de decomiso, debido a que fue usado para cometer un delito.
CADENA DE PAGOS. Las interceptaciones telefónicas a Rada dejaron al descubierto el plan que este habría orquestado para modificar las decisiones a favor de su esposa y recuperar la camioneta. De hecho, fueron parte de los elementos probatorios exhibidos por el fiscal Arias Cortés a la jueza de Cartagena.
Ambas irregularidades conforman el listado de 'eventos' como denominó el fiscal Arias ocho inconsistencias que la Dijín detectó en nueve procesos.
En los favorecimientos a la Beba los indicios comprometen al juez José Vergara, al fiscal Óscar Contreras, al abogado Gabriel Ramos, al comisario Armando Castro, al inspector Francisco Sanabria y a la líder Nerilda Caré.
Para la Fiscalía quedó claro en los diálogos que los beneficios a Díaz no fueron gratis. 'El caso le tiene que llegar a Orejita, (…) yo di el billete y no veo que esté suelta', reprochó Rada en una de las conversaciones interceptadas con Ramos.
Las expresiones encajan con la hipótesis de que el cabecilla de los Químicos pagó $6 millones por sacar a su pareja del Buen Pastor.
También coinciden con las sospechas de que la audiencia fue asignada, a cambio de dinero, al togado que otorgó casa por cárcel a la reclusa. Las autoridades así lo deducen porque Orejita es el apodo del juez 12 penal municipal, José Vergara, sostuvo el fiscal Arias en las audiencias.
'CABEZA DE HOGAR'. Para que Díaz retornara a su vivienda era vital un certificado de madre cabeza de hogar.
¿La razón? El artículo 314 del código de procedimiento penal establece que esa condición es una de las causas para cambiar una detención intramural por la domiciliaria.
'Cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado (…)', dispone la norma.
En la obtención del documento están involucrados el comisario Castro, el inspector Sanabria y la líder Caré.
Castro admitió de hecho ante la juez Araújo su responsabilidad en el delito de concusión: recibió $500 mil de los $600 mil ofrecidos por Rada para realizar la visitar en la residencia de la Beba, en el barrio Las Estrellas, y ‘dar fe’ de que su hijo dependía de ella.
'En una conversación se escucha también al abogado Ramos cuando habla con el comisario, y acuerdan el pago de la plata por la visita domiciliaria y que conceptuara que era cabeza de hogar', anotó un investigador.
Para esos días Rada tampoco estaba capturado, por lo cual era posible que se hiciera cargo del hijo de ambos.
El fiscal también imputó el cargo de concusión a Sanabria y Caré. La líder de Las Estrellas, no obstante, es investigada además por falsedad en documento privado porque al parecer firmó un certificado de buena referencia de Díaz como vecina. Este otro certificado tiene su aparente firma como presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio, sin serlo.
INDAGAN $15 MILLONES. Un hecho que demuestra la salida de la Beba del Buen Pastor fue su segunda captura en noviembre, por el proceso contra los Químicos. En el operativo de la Policía cayeron 25 sospechosos, entre esos ella y su esposo.
Por entonces los agentes de la Dijín sabían de la devolución de la camioneta decomisada a la Beba, quien en julio pasado protagonizó un escándalo porque la Secretaría de Gobierno distrital denunció que le fue practicada una lipoláser durante un permiso de salida del Buen Pasotr para la reubicación de una prótesis.
La restitución de la Captiva a su dueña fue ordenada por el fiscal Óscar Contreras, según las indagaciones, por el presunto pago de $5 millones. Una determinación ilegal, a consideración de la Fiscalía, porque la revocatoria de la medida de decomiso debía ordenarla un juez.
En un aparte de otra conversación, Rada recuerda a otro de los detenidos la entrega de otros $15 millones. 'No se ha determinado con qué fin', dijo una fuente conocedora de las pesquisas.
REPARTO MANIPULADO. Si hubo una decisión que atrajo la atención de la cúpula de la Fiscalía, en el desarrollo de las investigaciones, fue la libertad otorgada al empresario Alfonso del Cristo Hilsaca Eljadue.
No en vano el vicefiscal general Jorge Perdomo Torres declaró en Bogotá el 23 de diciembre, a los tres días del fallo: 'pudo haber irregularidades en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla en la manipulación del reparto, para que fuera un determinado juez quien conociera de los recursos interpuestos'.
‘El Turco’ había sido capturado hacía un mes por investigadores de la Policía, junto con el contratista Javier Donado Rueda. Y por orden de un juez anti bacrim estaba recluido en la Cárcel Distrital El Bosque por cargos de concierto para delinquir, financiación de la banda criminal (bacrim) ‘los Rastrojos’ y determinar un homicidio.
Las sorpresas de investigadores de la Dijín no fueron menores, confesó uno de ellos, al escudriñar sobre el beneficio al empresario.
En el expediente se presume que las irregularidades mencionadas por Perdomo comenzaron tras la llegada de Rafael Uribe Henriquez a la coordinación del Centro de Servicios. Fue encargado mediante resolución del 2 de diciembre del Tribunal Superior de Barranquilla.
'Uribe era quien tenía la tarea de coordinar esta cadena de actos ilícitos, él directamente o a través de alias Beto, quien era su secretario', afirmó el fiscal Arias en audiencia ante la juez.
Alias Beto es Edilberto Maestre Fernández, quien tiene orden de captura. Está huyendo desde que supo el 15 de agosto de las detenciones por corrupción.
La fecha para la audiencia de revocatoria de la detención sobre Hilsaca Eljadue fue designada a los ocho días de que Uribe asumiera como coordinador, por solicitud de sus abogados, para el viernes 19 de diciembre.
Los apoderados del ‘Turco’ Hilsaca habían desistido ya de apelar la decisión que el Juzgado penal municipal ambulante anti bacrim había anunciado el 21 de noviembre: recluirlo en la Distrital.
A DEDO AL JUEZ 9. La Fiscalía tomó declaraciones a distintos funcionarios para conocer las circunstancias previas a la audiencia que terminó en la libertad del empresario.
Uno de los entrevistados fue el fiscal 48 contra el crimen organizado, Hugo Quintero Ariza, quien investiga al Turco. 'Uribe asignó a dedo al juez Volpe la audiencia de revocatoria', fue una de sus aseveraciones leídas por el fiscal anticorrupción.
Otro fue el juez ambulante para casos de bacrim Ricardo Méndez Díaz. Arias añadió que el togado manifestó que 'estaba disponible para hacer la audiencia y hubo tiempo para informársele'.
La Fiscalía estima que esas declaraciones develan un amañado protocolo previo a la diligencia. En especial porque debió corresponderle a Méndez, por el tipo de proceso, y no al juez 9 penal municipal Edwin Volpe.
El Consejo Superior de la Judicatura creó en 2010 unos despachos para integrar las unidades móviles contra bandas y redes criminales en ciudades como Barranquilla. 'Es al único juez al que se la podían asignar, y desde el 10 de diciembre pudieron hacerlo', advirtió Arias.
Pero ocurrió lo contrario. El 19 de diciembre, a una funcionaria a cargo de la asignación de jueces le insistieron que Méndez 'estaba ocupado desde la mañana con una audiencia'.
Uribe es señalado de haber influido: habló con fiscales para que Volpe quedara con tiempo libre y fijarle así el turno de la revocatoria a Hilsaca Eljadue. 'El juez coordinador estaba pendiente de la asignación del reparto', dijo el fiscal anticorrupción.
ABRIR EL ESPACIO. En su declaración, Quintero cuestionó por igual que la audiencia le tocara la misma fecha y hora de otra programada antes, el 2 de diciembre, por el radicado 2014 - 00096 contra Zoila Martínez Sandoval, alias la Chola, detenida por concierto para delinquir con los Rastrojos Costeños.
La coincidencia consta en los oficios 61345 y 61653. Y aunque fueron recibidos el mismo día en el despacho del delegado, la notificación para el caso Hilsaca Eljadue fue elaborada el 10 de diciembre y la del caso Martínez, el 12.
El trabajo de la Dijín dilucidó que la manipulación de las asignaciones consistía en pedir al funcionario encargado de repartirlas a jueces, que colocara a otros despachos las citas que no interesaban a la red de corrupción.
En el caso del ‘Turco’ Hilsaca, sostuvo el fiscal, Uribe convenció a fiscales y abogados de que desistieran de realizar o solicitar audiencias que ocuparan el turno de Volpe. 'De esta forma le abrían el espacio al juez que decidiría conforme lo necesitaban', ilustró Arias.
En la búsqueda de los 'espacios' se sospecha que también intervinieron los funcionarios César Villadiego, programador de fechas, y Luis Tovar. 'Hay testimonios de servidores del Centro de Servicios que los señalan de pasar hojas dobladas con dinero dentro'.
¿HUBO PAGOS?. Uno de los detalles que aún indagan la Fiscalía y la Dijín son los supuestos sobornos que aceptaron funcionarios sospechosos de intervenir en la probable cadena que privilegió al Turco.
Las averiguaciones no descartan a directivas de la Cárcel Distrital, en donde esperaron hasta que la audiencia presidida por Volpe culminara hacia las 6 de la tarde de un sábado -20 de diciembre-, para recibir la orden de libertad inmediata y permitir su salida.
También levanta suspicacias el testimonio de un funcionario del Centro de Servicios que se convirtió en agente encubierto de la Fiscalía. 'La orden es que el proveedor del bolívar (dinero) no quiere tener su gente presa', leyó Arias de un dialogo que el colaborador sostuvo con Beto, antes de la asignación de la audiencia a Volpe.
'Que se tiene que obedecer porque detrás de esto hay gente poderosa', adicionó.
El contexto del testimonio del agente encubierto, cree la Fiscalía, es que las presuntas dádivas que rodearon la revocatoria a Hilsaca Eljadue también llevaban consigo beneficios similares para el contratista Javier Donado, detenido con el empresario.
'El hasta hace poco juez coordinador Rafael Uribe y su secretario Maestre, quien se encuentra huyendo, controlaban e imponían su autoridad, constreñían a subalternos para borrar la asignación de fechas y luego direccionarla', resumió el fiscal Arias sobre la investigación de la Dijín.
Estas pesquisas por corrupción judicial no tienen precedentes en Barranquilla, desde que en 2008 funciona el sistema oral acusatorio.
No solo porque involucran a una decena de funcionarios, sino por los graves indicios de que hubo 'un acuerdo de voluntades con repartición del trabajo criminal' con abogados, fiscales y otros empleados públicos. 'Con una jerarquía que controla todo; no fueron ruedas sueltas en toda esa cadena de actividades ilícitas', concluyó Arias.
Los casos que enredan al abogado Anaya
Las presuntas irregularidades que compromete al abogado Orlando Anaya Durán fueron detectadas por la Dijín en dos radicados: 2010 - 80076 y 2011 - 00095. En ambas está involucrado el juez José Vergara Otero.
El primero es de una solicitud de suspensión del poder dispositivo de un bien y acciones de la empresa International Trade and Logistic S.A., dedicada al almacenamiento y depósito, y actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados.
Las anomalías estarían relacionadas también con la asignación de audiencias, lo cual fue pactado en una reunión que Anaya, Maestre y el agente encubierto tuvieron la tarde del 26 de febrero de este año, cerca de la Universidad Simón Bolívar. 'Entablaron una conversación en la cual los dos primeros constriñeron al tercero para que indujera a un compañero a redireccionar el reparto de la audiencia al juez 12 penal municipal', reveló el fiscal sobre ese diálogo que fue grabado con un micrófono oculto.
La audiencia fue al día siguiente y Vergara tomó la decisión conveniente para Anaya, quien solicitó la realización de la diligencia.
'Cuando lo citan para conversar, el doctor Anaya y Beto le dicen que ya están listos para botar a la gente en provisionalidad que trabaja en el Centro de Servicios, que harán movimientos para poner gente que no sea sapa, que deje trabajar y permita toda esa actividad ilícita', añadió.
El expediente 2011 - 00095 es de la investigación por el desfalco de más de $50 mil millones, a través de la devolución irregular del IVA. Un caso por el que desde 2013 han sido capturadas al menos 17 personas.
Uno de los detenidos en febrero de 2013 fue Héctor Quiroz Gutiérrez por delitos como lavado de activos y fraude procesal, concierto para delinquir.
Anaya solicitó un año después una audiencia para pedir la domiciliaria a favor de Quiroz por su estado grave de salud por diabetes. La diligencia fue el 11 de marzo y, en esta, Vergara accedió a lo pedido.
'Sobre el estado de salud, el Instituto de Medicina Legal indicó que el diagnóstico era diabetes tipo 2, insulina no dependiente, lo que no presenta un estado grave por enfermedad o enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión', pormenorizó Arias.
Contreras y Maestre
El fiscal Germán Arias Contreras advirtió ante la juez Araújo que Edilberto Maestre está huyendo de la justicia y 'posteriormente se le hará formulación de imputación'.
Lo mismo anunció para el fiscal Óscar Contreras, a quien la Dijín no trasladó a Cartagena por problemas cardíacos que alegó durante su captura, que fue legalizada el mismo viernes por un juez en una clínica de Barranquilla.
La solicitud de medida de aseguramiento a Contreras dependerá de lo que dictamine el Instituto de Medicina Legal.
¿Presión de magistrado?
Una fuente indicó que a varios de los detenidos les han preguntado 'quién fue el magistrado que presionó por el cambio de juez coordinador', lo cual permitió la llegada de Rafael Uribe al cargo. En su intervención el fiscal Arias detalló que después de que este asumiera la coordinación 'el doctor Uribe manifestó (ante un reproche) que sus órdenes se daban a través de Beto y eran para cumplir'.
Parte del acta de la audiencia en la que se ordenó el decomiso de la camioneta.
Acta del reparto de la apelación de la Fiscalía contra la libertad de Hilsaca.
