Los ocho funcionarios, la líder comunal y los dos abogados capturados por presunta corrupción judicial en Barranquilla, no afrontan todos los mismos cargos.
La investigación agrupa ocho 'eventos', como la Fiscalía ha denominado las irregularidades detectadas en la asignación de audiencias preliminares y la toma de decisiones de algunos jueces, en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla.
El fiscal 6 anticorrupción, Germán Arias Cortes, imputó por eso distintos delitos a los presuntos miembros de la red de tráfico de favores jurídicos, entre el sábado y domingo, en el Tribunal Superior de Cartagena.
Se trata de los jueces Rafael Uribe Henríquez, José Vergara Otero, Edwin Volpe Iglesias y Gloria Giraldo Ruiz. Los funcionarios del Centro de Servicios Luis Carlos Tovar Vanegas y César Villadiego Hernández.
El comisario Armando Castro Barraza, el inspector de policía Francisco Sanabria Muñoz, los abogados Orlando Anaya Durán y Gabriel Ramos Fontalvo, y la líder comunal del barrio Las Estrellas, Nerilda Caré Parra.
Al otro implicado, el fiscal Óscar Contreras Amarís, un juez le legalizó el viernes la captura. No fue trasladado empero a Cartagena por dolencias cardíacas durante el arresto. La Fiscalía espera por su mejoría para imputarle cargos, indicaron voceros del organismo.
Decisiones y asignación. El fiscal Arias especificó los cargos por los que son investigados los detenidos, en la audiencia de imputación, ante la juez 9 penal municipal Elizabeth Araújo Arnedo.
A los jueces Edwin Volpe Iglesias y Gloria Giraldo Ruiz les endilgan los delitos de prevaricato por acción.
La Fiscalía considera que Volpe, juez 9 penal municipal, tomo una decisión contraria a las normas penales al revocar el 20 de diciembre la medida de aseguramiento en cárcel al empresario Alfonso del Cristo Hilsaca Eljadue, quien había sido detenido un mes antes por cargos de financiar la banda criminal los Rastrojos y haberle pagado por un homicidio.
Y que Giraldo, juez 4 penal del circuito, hizo lo mismo porque confirmó en segunda instancia la determinación de Volpe. A ella le correspondió por reparto estudiar la apelación que el fiscal 48 contra el crimen organizado, Hugo Quintero Ariza, presentó contra la libertad a Hilsaca Eljadue.
El juez Rafael Uribe Henríquez fue imputado de constreñimiento ilegal, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir. Es sospechoso de haber influido y presionado a un funcionario para que asignara a Volpe a la audiencia de revocatoria de ‘el Turco’ Hilsaca.
El abogado Gabriel Ramos Fontalvo afronta cargos por prevaricato por acción, cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir, y el juez José Vergara Otero por prevaricato por acción y concierto para delinquir.
La Fiscalía señala a Ramos de haber sido enlace con Vergara para que otorgara presuntos beneficios irregulares a Steffy Díaz Atencia, alias la Beba, detenida por tráfico de drogas.
Vergara le otorgó detención domiciliaria, al parecer, a cambio de $6 millones, según lo expuesto en llamadas interceptadas por la Dijín al abogado y Jairo Rada Atencia, pareja de Díaz y jefe de una banda de fabricantes de droga que las autoridades denominaron los Químicos.
El comisario Armando Castro, el inspector de policía Francisco Sanabria y la líder comunal Nerilda Caré Parra son investigados por falsedad ideológica en documento privado.
Las pesquisas indican que los tres facilitaron que la defensa de Díaz obtuviera un certificado de buena vecindad en el barrio Las Estrellas, donde tiene su domicilio.
El documento sirvió para que Otero le otorgara la domiciliaria a la Beba, pese a que policías la capturaron con 5 kilos de cocaína y el agravante de que los transportaba en un vehículo.
Los cargos contra el abogado Anaya son prevaricato por acción, cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir. En su caso, la Fiscalía evidenció posibles anomalías en la casa por cárcel que obtuvo para un cliente suyo, Héctor Quiroz Gutiérrez, capturado en 2013 como uno de los presuntos partícipes del desfalco de $50 mil millones a la Dian, a través de devoluciones del IVA.
Los funcionarios Luis Tovar y César Villadiego están imputados de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir.
Los 11 detenidos, sin embargo, se declararon inocentes el domingo de los hechos ante la Araújo. 'Me imputan cargos porque tomé una decisión contraria a los intereses de la Fiscalía, por ende no me allano', manifestó la juez Gloria Giraldo.
Comienza tercera audiencia
El fiscal Germán Arias empezó ayer su intervención en la última de las cuatro audiencias preliminares, que correspondieron presidir a la juez Elizabeth Araújo Arnedo. La diligencia se inició pasadas las 11 a.m. y, en esta, se definirá si los detenidos serán cobijados con detención en cárcel o domiciliaria. Ya entre sábado y la madrugada del domingo se había efectuado las dos primeras audiencias, en el Centro de Servicios Judiciales de Cartagena.
Araújo decretó legales los allanamientos de la Dijín en las casas de algunos detenidos y las capturas de los once.
Luego, entre la mañana del domingo y la tarde del lunes, se llevaron a cabo las imputaciones de cargos en una sala del Tribunal. El caso volvió al Centro de Servicios porque los fines de semana y días festivos no laboran en el Tribunal, cuyas salas son más amplias para casos como este con 11 detenidos, sus familiares y abogados.
