El testimonio del abogado Carlos Augusto Ospina Cruz destapó el desfalco de $1.285 millones a la Empresa Distrital de Telecomunicaciones (EDT). Una 'operación criminal', como lo calificó la Fiscalía, realizada a través del contrato entre la liquidada firma estatal y la Fiduciaria La Previsora.
Los detalles de la investigación fueron revelados en las audiencias contra Rodrigo Salcedo Rojas y Silvia Flórez Riani, capturados el martes anterior por agentes del CTI en Barranquilla. Las diligencias fueron presididas el miércoles y jueves por la juez sexta penal municipal, Carmen Blanco Venecia, en el Centro de Servicios Judiciales de esta ciudad.
Los abogados, excontratistas de la telefónica, fueron señalados por Ospina y afrontan cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, estafa y falsedad material en documento público.
'Se acordaron para apoderarse en 2007 y 2008 de la suma de $1.285 millones que la EDT tenía en encargo fiduciario con La Previsora, mediante la presentación de siete sentencias laborales falsas', aseguró el fiscal 8 de la unidad nacional anticorrupción, José Romero Vásquez.
CONSEGUIR LOS FALLOS
Ospina Cruz rindió interrogatorio el 2 de octubre de 2009 ante funcionarios del CTI, a quienes explicó que la génesis del desfalco fue una reunión que tuvo con Salcedo entre octubre y noviembre de 2007. 'Se presentó a mi oficina y me dijo: puedo conseguir que sea ordenado el pago de algunos fallos laborales como gasto de administración (sic)'.
La propuesta de Salcedo, a quien Ospina definió como un profesor universitario y abogado laboralista de prestigio en la ciudad, tenía su explicación: La Previsora debía solicitar un visto bueno de la coordinadora Flórez.
El testigo recordó que su vinculación con la liquidación de la EDT fue a través del gerente del proceso, el exalcalde de Barranquilla Daniel Moreno Villalba. Antes habían sido contratados Flórez, como coordinadora de abogados y contratos, y Salcedo, para que atendiera los asuntos pendientes.
'Quería que yo dialogara con ellos (Moreno y Flórez), les explicara el fundamento jurídico y legal, y a su vez él conversaba con los abogados demandantes para que nos dieran una comisión por el cobro de dichos fallos'.
Y agregó que Salcedo le exigió profesionales de su confianza 'para garantizarles la plata a los demandantes'. Fue así como contactó a Eduardo Arcieri Gutiérrez, amigo suyo de hacía 30 años, y Ricardo Cuentas Pérez, excompañero en la Fiscalía, quienes realizaron varios de los cobros.
'La doctora Alexandra Pertuz Sierra, persona que no conozco, llegó por sugerencia de la oficina de la doctora Flórez', anotó.
LOS PORCENTAJES
A los tres días de dialogar con el contratista de la EDT, Ospina se reunión con Moreno y Flórez. 'Les dije: hay la posibilidad de ganar una comisión porque existen unos jueces que van a ordenar el pago de algunas sentencias como gastos de administración'.
Moreno, sostuvo el testigo, 'puso talanqueras' porque el dinero de la fiducia se acabaría y no estaba destinado para esos conceptos. 'Les dije: no podemos hacer nada porque eso es una orden judicial (…), les dejo esa posibilidad, no es nada ilegal y, quiérase o no, La Previsora va a pagar'.
Ospina volvió a los dos días a la oficina de Moreno y Flórez. En este encuentro, entre 1 y 2 de la tarde al igual que el primero, el gerente liquidador le manifestó que había consultado 'con gente de La Previsora', quienes pidieron un porcentaje para permitir los pagos de las sentencias.
El testigo contó que de inmediato le informó a Moreno la propuesta de Salcedo: 30% de comisión. 'Comenzó un tira y jale de una negociación que duró varios días'.
El acuerdo consistió en que 50% de los cobros se entregarían a Salcedo, en efectivo o cheques, para los supuestos demandantes.
Del otro 50%, correspondería 15% a Moreno y Flórez, 20% a un funcionario de La Previsora en Bogotá; y el 15% restante sería: para Salcedo, 7%; el abogado que cobrara la demanda, 5%, y Ospina, 3%.
La EDT perdió en total $1.285 millones con el pago de siete sentencias clonadas de los juzgados 3, 6 y 8 laborales del circuito de Barranquilla. Ospina respondió a los agentes del CTI que, por su porcentaje, obtuvo 'un poquito más de $40 millones'.
EL ESCÁNDALO
La primera reclamación por $136 millones se presentó el 9 de noviembre de 2007 a la Fiduciaria, por un presunto fallo laboral a favor del demandante Enrique Sandoval De la Hoz y otros. Y 12 días después, La Previsora giró la suma a favor de la abogada Alexandra Pertuz.
El desfalco solo se descubrió casi un año después, cuando la Dirección Distrital de Liquidaciones (DDL) fue notificada, el 31 de octubre, de una condena laboral a la EDT.
La Oficina Jurídica detectó las anomalías porque la orden era cancelar la obligación con recursos del encargo fiduciario, pese a que estos solo eran para inversión, pensionados, aforados, proveedores, terceros y acreedores.
Y fueron más evidentes cuando funcionarios de la DDL indagaron con el juez por la providencia, pero este desmintió que la hubiese dictado y firmado. Por eso instauraron la denuncia ante la Fiscalía.
Al estallar a finales de 2008 'el escándalo publicitario', explicó Ospina, 'me asusté porque desconocía' que las decisiones fueran fraudulentas. 'Tenían los sellos, todas las características de fallos expedidos por un juzgado laboral', justificó.
Tras la queja penal, la indagación fue asignada a la Fiscalía 29 seccional de delitos contra la administración pública, que encargó a agentes del CTI para que identificaran a los autores del robo, revisaran los libros de los juzgados y se cotejaran las firmas de jueces y secretarios de estos.
FIRMAS FALSAS
Las pesquisas del CTI de Barranquilla hallaron más de una irregularidad en los supuestos trámites jurídicos que terminaron en las sentencias contra la EDT.
El primero fue la inexistencia de las demandas en los despachos 3, 6 y 8 laborales del circuito. La segunda fueron las declaraciones de los secretarios: no reconocieron sus firmas en los oficios que requerían las cancelaciones.
Los análisis grafológicos confirmaron que las decisiones eran 'inventadas', y que las firmas no eran 'coincidentes' con las originales de los empleados judiciales. 'Es decir, fueron creadas o falseadas', advirtió el fiscal Romero en la audiencia.
Otro de los informes del CTI incluyó los pagos girados a nombre de los abogados Arcieri, Pertuz y Cuentas, quienes también fueron interrogados. 'Cuentan que recibieron los documentos de parte del doctor Ospina Cruz, y entregaron el dinero en diferentes maneras (…), previa cancelación de un porcentaje pactado'.
El fiscal aclaró, no obstante, que Arcieri, Pertuz y Cuentas no están vinculados a esta investigación porque 'se entiende que fueron usados'.
A Salcedo Rojas y Flórez Riani, los primeros detenidos por este caso, la juez Carmen Blanco les impuso la medida que la Fiscalía solicitó: detención en sus residencias.
Un investigador indicó a EL HERALDO que el próximo objetivo en la investigación es la ubicación de Moreno Villalba, y establecer quiénes fueron los funcionarios de La Previsora –en Bogotá y Barranquilla– que facilitaron y agilizaron los pagos.
Defensa de los detenidos
En las audiencias, Rodrigo Salcedo y Silvia Flórez se declararon inocentes de los cargos. En su defensa, Salcedo alegó que nunca intervino en los procesos falsos de demanda y que en sus funciones no estaba emitir conceptos para que La Previsora aprobara o no pagos. El abogado de Flórez indicó que ella no sabía que las sentencias eran fraudulentas y tampoco pidió que se giraran recursos para cancelarlas.
La Fiscalía posee varios oficios como el fechado 11 de septiembre de 2008, firmado por Flórez, en que se incluyen los gastos por las decisiones. 'La ciudadana hace relación a que esas sentencias corresponden a la realidad y que se haga una apropiación de $1.575 millones, además de la plata que se hizo mención, para pagar otras sentencias que se vayan a producir'. Y, además, con oficios en que Salcedo dio su autorización para el pago de las condenas.
