El fallo que le concede la libertad a Juan Francisco 'Kiko' Gómez Cerchar no es la única decisión polémica en la que ha estado envuelto en los últimos años el Juez 22 Civil Municipal de Barranquilla. El juez tiene 15 investigaciones por prevaricato.
El togado Abelardo Tercero Andrade Meriño, quien le concedió la libertad a 'Kiko' Gómez el pasado 13 de abril, es el mismo que en primera instancia había ordenado restituirles los derechos a los directivos de la Cámara de Comercio de Barranquilla, elegidos el 5 de julio de 2012.
El juez le había tutelado en aquel momento los derechos a Samuel David Tcherassi Solano, Luis Fernando Acosta Osío, Ramón Crespo Morales, Alejandro Duarte Rueda y Ricardo Varela en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta entidad había invalidado la elección de dicha junta por presuntas irregularidades encontradas en el censo electoral.
Con su decisión, el juez dejó sin efectos las resoluciones 55180 y 59578 emitidas por la Superintendencia en septiembre y octubre de 2012 con la que anulaba las elecciones del 5 de julio de 2012.
Tras conocerse el fallo del juez Andrade Meriño, los 12 miembros de la junta directiva de la Camcomercio enviaron una carta de renuncia al entonces ministro de Comercio Industria y Turismo, Sergio Diazgranados.
En marzo de 2013, en un fallo de segunda instancia, la juez Sexta del Circuito, Mónica Garcés Jaimes, revocó el fallo de tutela del togado en mención.
Investigaciones en contra del Juez 22 Civil Municipal
En mayo del 2013 y por segunda ocasión, la Corte Constitucional ordenó investigar al juez Andrade Meriño, por las presuntas irregularidades en el trámite de la tutela contra la Superintendencia y la Cámara de Comercio de Barranquilla. Antes lo había hecho por haber fallado de manera improcedente otra tutela contra la Dian.
Por el caso de la Cámara de Comercio, la Corte, mediante Auto del 16 de mayo de 2013, ordenó compulsar copias del expediente a la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, para que, si aún no lo había hecho, investigara y decidiera lo pertinente acerca de la eventual responsabilidad en que habrían incurrido los funcionarios que participaron en el reparto de dicha tutela. Por este mismo caso, es investigado por la Fiscalía General y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico.
En el caso de la Dian, la Corte dijo que la acción de tutela presentada por Reciclajes Generales de Colombia S.A.S. no era procedente, como erradamente lo consideraron los jueces que fallaron a favor del tutelante, entre ellos el polémico Juez 22, quien había ordenado a la Dian revocar la liquidación oficial del impuesto sobre las ventas y mantener en firme la presentada por la Sociedad Reciclajes Generales de Colombia S.A.S., mediante la cual solicitaba un saldo a su favor por la suma de 3.702.866.000 pesos. Igualmente, dejó sin efectos la sanción impuesta por la Dian.
