El fiscal 48 especializado contra el crimen organizado, Hugo Quintero Ariza, solicitó 'vigilancia' sobre la apelación que presentó contra la libertad que un juez concedió al empresario bolivarense Alfonso del Cristo Hilsaca Eljadue, residente en Cartagena e investigado como presunto determinador de un homicidio y financiador de la banda criminal los Rastrojos.
En la audiencia que empezó el viernes y continuó el sábado, el delegado se opuso a la decisión del juez noveno penal municipal, Edwin Volpe Iglesias, quien revocó la medida de aseguramiento que Hilsaca Eljadue cumplía desde noviembre en la Cárcel Distrital de El Bosque.
Quintero anunció que 'pedirá vigilancia' al proceso de reparto o asignación aleatoria de su apelación. El Código de Procedimiento Penal establece que lo debe estudiar y resolver en segunda instancia un juzgado penal del circuito.
'El fiscal solicita que la manifestación de este recurso se haga en presencia de un juez de control de garantías diferente al de este despacho y de (un funcionario) del ministerio público diferente al que se encuentra en esta diligencia', se lee en el acta de la audiencia realizada en la sala 15 del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla.
La procuradora asignada a esta audiencia fue Giovanna Rago Nigrinis, exprocuradora provincial de Cartagena. La funcionaria coincidió con los abogados del ‘Turco’ Hilsaca, los exfiscales Pablo González Mongui y Elmer Montaña Gallego, en que se le revocara la medida carcelaria.
Hilsaca Eljadue es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, y financiación de terrorismo y de grupos de delincuencia organizada.
La Fiscalía soporta su imputación en que los hermanos Juan Manuel y Brayan Borré Barreto, exjefes de los Rastrojos en la Costa, lo señalan de pagarles $50 millones para que mataran a John Ovallos Angarita, hijo de un exparamilitar que declaró en su contra en un proceso por homicidios, y de darles $100 millones anuales entre 2009 y junio de 2013 para la banda.
DE APELACIÓN A UNA REVOCATORIA. La defensa de Alfonso del Cristo Hilsaca Eljadue había apelado la medida de aseguramiento que el Juzgado Penal Municipal Ambulante Bacrim le impuso en El Bosque, señala el acta de la audiencia del 20 y 21 de noviembre, hecha en la sala 13.
Ese día se ordenó que, a través del Centro de Servicios Judiciales, se remitiera 'la actuación' por reparto a un juez penal del circuito, 'para que resuelva el recurso de alzada interpuesto'.
EL HERALDO confirmó que el reparto se efectuó en la última semana de noviembre. En un acta quedó consignado que, para ello, el entonces juez coordinador del Centro de Servicios, David Saade Morad, requirió la presencia de la Procuraduría para que supervisara el proceso aleatorio por computador.
El sistema arrojó que el recurso lo resolviese el Juzgado Primero Penal del Circuito. Sin embargo, la defensa de Hilsaca Eljadue renunció a la apelación de la medida y por eso el caso no llegó a tal despacho.
Saade presentó el primero de diciembre su renuncia al cargo de coordinador y en su reemplazo fue nombrado Rafael Uribe Henríquez, proveniente de un juzgado promiscuo municipal.
Tras la designación de Uribe, los abogados de Alfonso del Cristo Hilsaca Eljadue presentaron la solicitud de audiencia de la revocatoria de medida de aseguramiento y esta correspondió por reparto al despacho del juez Volpe.
Al sustentar su apelación, el fiscal Quintero manifestó en la audiencia que la decisión a favor de Hilsaca Eljadue era cuestión de tiempo. 'Este es un caso como el de Santiago Nassar en ‘crónica de una muerte anunciada’: Pedro y Pablo Vicario lo mataron para cobrar la deshonra de su hermana, todo el mundo sabía que lo iban a matar, pero nadie en el pueblo hizo nada; esta era una revocatoria anunciada'.
Detalle
El exdiputado del Valle secuestrado por las Farc y presidente de la Fundación Defensa de Inocentes Sigifredo López Tobón dio a conocer que como integrantes de la defensa de Hilsaca Eljadue presentarán en los próximos días una demanda directa contra el fiscal Hugo Quintero Ariza por presunta manipulación de testigos y deslealtad procesal. 'Consideramos que el fiscal de este caso le dio un mal manejo a la investigación, que esta es una investigación muy pobre, y que hay muchos fiscales que se están prestando para que testigos falsos acusen a ciudadanos inocentes de delitos que no han cometido', dijo López en conversación telefónica.
