En audiencias concentradas priorizadas que se realizan en el Centro Cívico de Barranquilla, la Fiscalía Novena de Justicia y Paz adelanta la formulación de imputación de cargos a diez exparamilitares del frente Resistencia Tayrona que delinquieron en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Los postulados al proceso de Justicia y Paz que asisten a las diligencias judiciales son Norberto Quiroga Poveda, Nodier Giraldo Giraldo, Daniel Giraldo Contreras, Carmen Rincón, Édgar Antonio Ochoa Ballesteros, Afranio Manuel Reyes Martínez, Eduardo Enrique Vengoechea Mola, José Daniel Mora López y Adán Rojas Mendoza.
A través de videoconferencia asiste también Hernán Giraldo Serna, excomandante del frente, que se encuentra recluido en una cárcel de Virginia, en Estados Unidos.
Los delitos que hasta el momento les han sido imputados a los desmovilizados son desplazamiento forzado masivo, toma de rehenes, destrucción y apropiación de bienes protegidos y constreñimiento ilegal.
De acuerdo con la fiscal Zeneida López, los enfrentamientos entre las entonces Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira, ACMG, y el grupo comandado por Carlos Castaño, ocasionó el desplazamiento masivo de la población civil que habitaba la zona, especialmente de las comunidades indígenas wiwa, kogui y arhuaco.
'El ataque a Hernán Giraldo ocasionó el desplazamiento masivo más grande de Colombia, entre nueve mil y 14 mil pobladores de la Sierra Nevada de Santa Marta fueron obligados a permanecer enclavados en la Troncal del Caribe como especie de escudos humanos, para evitar que subieran las tropas de Carlos Castaño, como lo revelaron las mismas víctimas', dijo la funcionaria.
El patrón establecido por el grupo armado ilegal en la Sierra Nevada de Santa Marta fue el desplazamiento forzado, la política era de control territorial, la práctica el desarrollo de combates en la zona y el modus operandi era la intimidación, indicó la fiscal López.
Como hecho particular la funcionaria mencionó la agrupación de los delitos de desplazamiento forzado, toma de rehenes, destrucción y apropiación de bienes protegidos que sufrieron las comunidades indígenas Kogui en Pueblo Viejo, donde resultaron víctimas 30 familias.
Igual sucedió en San Pedro, donde 13 familias resultaron afectadas; Santa Rosa, 40 familias; Caminata, 147; Don Diego y Remolino, 87 familias, entre otras, ubicadas en los resguardos de los corregimientos de Guachaca, Mingueo, Río Ancho, en Santa Marta y Dibulla.
La fiscal López explicó que se hizo la agrupación para develar el gran impacto social, cultural, espiritual y material que tuvo para los pueblos indígenas, y económico para toda la región.
La Fiscalía formuló también cargos a los postulados por el delito de constreñimiento ilegal que se encuentra tipificado en el artículo 182 de la ley 599 de 2009. En este tipo penal, dijo Zeneida López, 'la Fiscalía ha traducido la restricción que tuvieron los pueblos indígenas kogui, arahuaco y wiwa de realizar sus pagamientos y prácticas tradicionales'.
