Los miembros de la Mesa Departamental de Víctimas del Atlántico denunciaron ante los medios de comunicación y la Defensoría del Pueblo regional, nuevas amenazas de muerte que recibieron, según ellos, a raíz del trabajo que desarrollan con las víctimas del conflicto armado en el país.
El hostigamiento es a través de mensajes de textos, panfletos y correos electrónicos entre otras vías, y entre quienes son objeto de esta situación están: Misael Delgado Rada, Rosario Arroyo, Manuel Carpintero y Marta Díaz Ospina, quienes en los mensajes son declarados objetivo militar y son señalados de pertenecer a la guerrilla.
'Son persecuciones reiteradas que debilitan cualquier proceso, cualquier política pública nacional, pero especialmente el trabajo que se desarrolla en las comunidades', señala Delgado.
De acuerdo con el representante de víctimas, ya han presentado denuncias ante la Fiscalía, Procuraduría y ante la Unidad Nacional de Protección, sin que les den soluciones de fondo.
Según dijo, le han manifestado a las autoridades que es necesaria una política de prevención y protección, no solo para los miembros de la mesa distrital y departamental sino también para las víctimas pues corren riesgos.
Marta Díaz Ospina, representante legal de ‘Familias unidas por un solo dolor’, Afusodo, asociación que lucha contra los falsos positivos cometidos por el Ejército Nacional, exige por su parte una investigación a fondo con resultados palpables para saber de dónde provienen las amenazas.
Pese a que cuenta con un vehículo blindado y servicio de escoltas, Díaz asegura que las amenazas en su contra son cada vez más reiteradas y con mensajes mucho más dicientes.
'El 7 de febrero recibí un mensaje en mi celular en el que me decían que tenía 72 horas para salir de la ciudad o de lo contrario sería asesinada, al día siguiente me llegó otro mensaje en el que me decían que me quedaban 48 horas, este último me lo pusieron cuando estaba en la Fiscalía y pese a ello, allá no hicieron nada', sostiene.
Igual situación vive Rosario Arroyo, representante de adultos mayores, que ha recibido permanentes amenazas de muerte al indagar por el paradero de su hijo, desaparecido hace 21 años cuando prestaba el servicio militar.
'Primero recibí llamadas a mi celular en las que me decían que dejara el caso como estaba o me atuviera a las consecuencias, luego dos hombres encapuchados que iban en una moto me tiraron al suelo'.
Así mismo, Manuel Carpintero, delegado nacional de las víctima, relata que luego de unas denuncias que hizo en Bogotá contra la unidad de víctimas regional Atlántico, apareció en un panfleto de los Rastrojos, en el que era declarado objetivo militar.
