La Fiscalía anunció hoy que presentó cargos contra un mayor retirado de la Policía por el asesinato de un conductor de autobús perpetrado hace veinte años, crimen en el que el acusado ha implicado a un hermano del expresidente Álvaro Uribe.
El acusado es el mayor retirado Juan Carlos Meneses Quintero, quien era comandante de la Policía de Yarumal, municipio del departamento de Antioquia (noroeste), cuando fue asesinado Camilo Barrientos Durán, el 25 de febrero de 1994.
Según la investigación de la Fiscalía, varios miembros de la Policía tenían en la época del crimen una lista de personas susceptibles de ser asesinadas por su supuesta colaboración con la guerrilla.
Meneses, cuya extradición será pedida a Venezuela, donde se encuentra, es acusado de haber participado junto con otros miembros de la Policía en el homicidio de Barrientos, tiroteado en la vía Yarumal-Campamento por dos de sus pasajeros, 'que lo obligaron a detener el automotor y le dispararon varias veces', señaló la Fiscalía.
El organismo indicó que, de acuerdo con la investigación, Meneses y el agente Alexander de Jesús Amaya Vargas recibieron a Barrientos y otros ciudadanos en el comando de la Policía y les aseguraron que los protegerían, para 'después ellos mismos proceder a eliminarlo'.
'Se trata de un hecho que, no solo reprocha a sus autores sino que devela una actividad delictiva por parte de la Policía que para entonces se encargaba de proteger la vida, honra y bienes de los conciudadanos, concretamente aquellos de Yarumal (Antioquia) y municipios aledaños'.
El ente acusador agregó que, de acuerdo con la declaración de Meneses, el crimen habría sido perpetrado 'con la colaboración de Santiago Uribe, hermano del expresidente de la República de Colombia Álvaro Uribe'.
Para la Fiscalía, el asesinato de Barrientos hizo parte de una estrategia de un grupo paramilitar conocido como 'Los doce apóstoles' que empleó sus influencias para que la Policía le ayudara en la campaña de eliminación física de personas a las que consideraban miembros de la guerrilla.
Por ese mismo asesinato, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía emitió en diciembre pasado una orden detención sin beneficio de excarcelación en contra del exagente Amaya Vargas.
