Por primera vez en el país representantes de cuatro comunidades indígenas se hicieron presentes en una audiencia de formulación de imputación de cargos contra exparamilitares. Se trata del proceso contra los exmiembros del frente Resistencia Tayrona, que delinquió en el Magdalena y La Guajira, entre 2001 y 2006.
La audiencia priorizada, dentro del proceso de Justicia y Paz que adelanta la Fiscalía, tuvo lugar en el Centro Cívico de Barranquilla con la presencia de unos quince miembros de las etnias indígenas koguis, arhuacos, wiwas y kankuamos, que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Los indígenas escucharon atentamente los hechos delictivos que la fiscal novena de Justicia y Paz, Zeneida López, le imputó a Hernán Giraldo Serna, alias el Patrón, exjefe del frente Resistencia Tayrona; Nodier Giraldo Giraldo y Eduardo Vengoechea Mola, presos en Estados Unidos.
También fueron imputados Norberto Quiroga Poveda, Adán Rojas Mendoza, Daniel Giraldo Contreras, José Gélvez Albarracín, Édgar Ochoa Ballesteros, Carmen Rincón, José Mora López y Flavio Manuel Reyes Martínez, todos del mismo frente paramilitar.
De acuerdo con la fiscal, estos pueblos fueron víctimas del accionar paramilitar en la región al quedar en medio de un conflicto, lo que les ha significó desplazamientos, asesinatos, secuestros, usurpación de tierras y otras violaciones a su integridad personal y a su identidad como indígenas.
Daniel Giraldo Contreras, Adán Rojas y Norberto Quiroga Poveda, durante la imputación.
Entre los hechos de los que fueron víctimas está el asesinato de ocho indígenas wiwa, caso conocido como la masacre de El Limón, ocurrida en septiembre de 2002 en zona rural de Riohacha.
A raíz de este homicidio múltiple, alrededor de 150 personas terminaron desplazadas.
En cuanto al pueblo kogui, la Fiscalía documentó la desaparición de líderes, cuyos sus cuerpos nunca fueron encontrados, entre los años 2003 y 2005. En total fueron siete indígenas de este pueblo los desaparecidos.
Para los kankuamos el 2003 fue un año particularmente violento. En esa época se registró un incremento de los homicidios relacionados con la estigmatización de la población como colaboradora de grupos insurgentes.
Las audiencias realizadas develaron el patrón de macrocriminalidad de violencia contra los pueblos indígenas, entre las que fueron descubiertas prácticas como la violación a la integridad étnica y cultural, perturbación del orden cotidiano, cuyos modus operandi eran la instalación de bases militares en el territorio indígena e incursiones armadas, restricción a realizar pagamentos o ritos y hasta limitaciones a la libre circulación, entre otros.
Según la fiscal López, la Corte Constitucional a través del auto 004 de 2009 ordenó la protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en un término máximo de seis meses.
Pese a la decisión, se sigue presentando violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, dijo la fiscal.
Aseguramiento a Giraldo. Una vez concluida la audiencia de imputación, una magistrada de control de garantías impuso medida de detención preventiva en centro carcelario contra Hernán Giraldo Serna y los demás postulados.
La medida corresponde a los delitos de reclutamiento ilícito, desplazamiento y desaparición forzados, violencia de género, violencia contra poblaciones indígenas, presiones y contribuciones arbitrarias, homicidio en persona protegida, parapolítica, narcotráfico, constreñimiento a elecciones, secuestro y tortura, según la Fiscalía.
A partir del 4 de diciembre próximo se inicia la audiencia concentrada de aceptación de cargos de los postulados a Justicia y Paz.
