Compartir:

La batalla judicial que inicia el depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores podría tardar años y sus abogados estarían contemplando desde ya múltiples escenarios para intentar desbaratar el caso que lleva Estados Unidos en su contra, mientras la administración de Donald Trump implementa las medidas para blindar jurídicamente el proceso.

Delcy Rodríguez lanzó advertencia a quienes la “amenacen”: “Mi destino no lo decide sino Dios”

Desde abogar por una inmunidad diplomática hasta pelear la legalidad de la captura parecen ser dos probabilidades que tengan sobre la mesa los representantes legales de Maduro y su esposa, Barry Pollack y Mark Donnelly, respectivamente, pues el líder venezolano ya dio unas pinceladas sobre ello al decir que fue “secuestrado” por el Ejército estadounidense.

De hecho, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró ayer que la Constitución y el derecho internacional establecen que Nicolás Maduro cuenta con inmunidad por su cargo de presidente del país suramericano lo que significa, dijo, que no puede ser arrestado o enjuiciado por “tribunales extranjeros”.

“La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece (...) la inmunidad del presidente, la cual no es solo una prerrogativa personal o individual, sino un principio de rango constitucional de escala universal”, señaló Saab en un acto de notificación a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría de la instalación de un nuevo quinquenio del Parlamento.

Mientras tanto, Estados Unidos está preparando toda su artillería y blindando jurídicamente el proceso contra Maduro y su esposa para que el juez a cargo, Alvin Hellerstein, determine la culpabilidad de la pareja, que el lunes se declaró inocente

Detalles de la nueva acusación

Se conocieron detalles del escrito acusatorio de la Fiscalía, el cual está basado en la acusación de un gran jurado estadounidense en 2020, aunque introdujo cambios relevantes con los que EE. UU. parece estar blindando legal y jurídicamente el proceso que comenzó el lunes 5 de enero con la primera comparecencia de Maduro y Flores ante un tribunal federal de Nueva York.

Uno de los cambios clave y que generó un enorme revuelo en el mundo fue el cambio del enfoque judicial que le dio el Departamento de Justicia, de acuerdo con The New York Times, al Cartel de los Soles, pues pasó de definirlo como una organización terrorista extranjera a describirlo como un “sistema de clientelismo”, eliminando además a Nicolás Maduro como supuesto cabecilla de la red narcotraficante.

Vale mencionar que esta designación y afirmación, que por varios años ha hecho la administración Trump contra Maduro, permitió que EE. UU. impusiera sanciones financieras más severas, atacar en los últimos meses varias embarcaciones supuestamente cargadas de drogas y ahora, el pasado 3 de enero, bombardear Caracas para finalmente dar con la captura del líder venezolano.

Sin embargo, en la nueva imputación presentada por la Fiscalía estadounidense desaparecen la mayoría de las referencias al Cartel de los Soles como una organización criminal estructurada. A diferencia del escrito acusatorio de 2020 —en el que el término aparecía en numerosas ocasiones—, el documento actualizado solo lo menciona dos veces y ya no identifica a Maduro como su líder.

Más allá de la incongruencia que tendría el discurso del Gobierno estadounidense sobre el Cartel de los Soles, lo que realmente estaría buscando la administración de Trump es que el proceso de Maduro tenga un sólido piso legal y jurídico.

De hecho, algunos expertos coinciden en que con este viraje de discurso, Estados Unidos se blinda y fortalece la acusación, ya que, como se sabe, la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista solo necesitó de la decisión unilateral de Estados Unidos, la cual no debe ser justificada ante la Corte.

Por el contrario, como Maduro ya está enfrentando la justicia estadounidense, el fiscal del caso deberá demostrar con pruebas no solo la existencia de este cartel como una estructura criminal sino también que el líder venezolano es el jefe de esta, lo cual dificultaría el caso e incluso los abogados defensores podrían tumbarlo.

Por esto, la Fiscalía no cambia su postura contra Maduro, sino que mantiene los cargos por narcotráfico, pero ahora describe un “sistema de clientelismo” en el que “poderosas élites venezolanas se benefician del tráfico de drogas y de la protección a socios criminales”, y afirma que esas ganancias terminan en manos de funcionarios corruptos que “operan dentro de un esquema dirigido desde la cúpula, conocido como el Cartel de los Soles”.