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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela rechazó este lunes el informe de una Misión Internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU), según el cual el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades han incurrido en crímenes de lesa humanidad, y lo consideró parte de una 'estrategia de agresión'.

'Expresamos nuestro más contundente rechazo al informe publicado el 16 de septiembre de 2020, elaborado por una comisión paralela e impulsada por el hostil y minoritario Grupo de Lima', leyó el presidente del TSJ, Maikel Moreno, un magistrado que, como la mayoría que componen el Supremo, es considerado un hombre muy cercano al chavismo.

La elección en un procedimiento exprés de los magistrados del Supremo fue rechazada por el Parlamento, de gran mayoría opositora, por considerar que no se ajusta al procedimiento debido, por lo que tachan al TSJ de 'brazo jurídico de la dictadura'.

Maduro involucrado en graves crímenes, según la ONU

La Misión Internacional a la que la ONU encargó investigar la situación de derechos humanos en Venezuela ha concluido que Maduro y sus ministros del Interior y Defensa están involucrados en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.

El informe publicado ofrece amplia información 'que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados'.

'La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior (Néstor Reverol) y de Defensa (Vladimir Padrino) contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe', se señala en las conclusiones de la investigación.

Sin embargo, Moreno aseguró que el informe se apoyó en 'una írrita resolución' que, en su opinión, 'vulnera los principios del derecho internacional', así como 'los principales pilares del multilateralismo como el dialogo genuino y la cooperación'.

Una posición similar a la del gobierno

Moreno, al igual que hizo este sábado el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, criticó que los integrantes de la misión no viajaran al país a recabar datos y aseguró que 'carece de los protocolos esenciales para la verificación y consolidación de la información obtenida'.

'Se fundamentó en deposiciones de presuntas víctimas y testigos, promovidos de manera anónima y unilateral', sostuvo el presidente del Supremo.

Lamentó que se haya puesto en marcha con 'prácticas al margen de la racionalidad y la buena fe que rigen las relaciones internacionales entre estados y organismos multilaterales' y que 'sirvan de instrumento para tratar de entorpecer y destruir los procesos de diálogo establecidos entre el gobierno nacional y la oposición'.

En su opinión, ese tipo de acciones son 'promovidas por enemigos internos y externos de Venezuela' y 'forman parte de una vieja estrategia de agresión contra' Venezuela y sus instituciones.