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El órgano electoral de Bolivia ha convocado para el próximo 6 de septiembre las elecciones generales que están pendientes en el país.

Los comicios estaban previstos para el 3 de mayo, pero habían sido aplazados sin fecha al decretarse el estado de emergencia sanitaria por la COVID-19.

El Tribunal Supremo Electoral comunicó este viernes la reanudación del proceso para los comicios, 'respetando la preclusión de las etapas cumplidas', pues ya están cerradas las candidaturas, 'y ampliando los plazos necesarios para garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos', en alusión a que sigue abierto el padrón de electores.

El órgano electoral subrayó en un comunicado que el desarrollo del proceso electoral debe atenerse a 'las debidas medidas de protección de la salud pública' por el coronavirus.

'Algunas de las tareas pendientes más relevantes que tendrán que encararse en los 45 días previos a la jornada de votación son la entrega oficial del Padrón Electoral Biométrico, el sorteo y la publicación de la nómina de jurados electorales responsables de administrar la mesa de sufragio el día de la votación, la capacitación de jurados electorales, la fase de propaganda en medios masivos de comunicación, entre otras, 'señaló.

El proceso electoral, al que se presentan ocho candidaturas, se reanuda después de que la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, promulgara el pasado martes una ley que fijaba el 6 de septiembre como plazo máximo para las elecciones, que fue aprobada por el Parlamento boliviano tras presentarla el Tribunal Supremo Electoral.

El órgano electoral es el que convoca comicios en Bolivia y fija la fecha, pues uno de los poderes del Estado.

Las elecciones para elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores están pendientes desde la anulación de los comicios de octubre pasado, en los que el entonces mandatario Evo Morales había sido declarado vencedor para un cuarto mandato seguido y luego renunció entre denuncias de fraude a su favor.

Morales denunció que era forzado a dejar el poder por un golpe de Estado en medio de presiones de militares y policías, entre otras, para privarlo de su nueva victoria electoral y obligarlo a renunciar, tras lo que Áñez, entonces senadora de la oposición, asumió la Presidencia de forma interina al activar un mecanismo sucesorio ante un vacío de poder.