Ecuador impuso el jueves el estado de excepción para intentar aplacar la ira social que estalló en las calles, con duros choques con la policía, tras el fin de subsidios a combustibles acordado con el FMI.
Acosado por un alto endeudamiento y falta de liquidez en la dolarizada economía, el gobierno del presidente Lenín Moreno pactó un millonario programa de créditos con el organismo que incluye el desmonte de esos subsidios.
El consecuente incremento de las tarifas del diésel y la gasolina de hasta un 123%, que empezó a golpear a los bolsillos de los ecuatorianos a partir de este jueves, precipitó una huelga nacional de transportistas.
Miles de manifestantes se movilizaron en varias ciudades e incluso grupos ya exigen la salida de Moreno del poder en medio de enfrentamientos a piedra y bombas incendiarias con la policía, que dejan 19 detenidos, según un balance provisional.
El mandatario endureció su respuesta y decretó la medida de excepción por 60 días para 'evitar el caos'.
Sin embargo, en Quito, los manifestantes se mantuvieron en las calles en un abierto desafío al gobierno, que quedó facultado para emplear la fuerza armada en el control del orden público, restringir el derecho a la movilización o imponer la censura previa a los medios.
'!Que se vaya el viejo (Moreno)¡ Si ahora sube la gasolina mañana será el gas (que mantiene el subsidio) que usamos todos. Eso no podemos permitir', dijo a la AFP Luz Aguirre, una desempleada de 47 años.
Las protestas se tornaron violentas en la tarde. Con gases lacrimógenos y a la fuerza, la policía desalojó a algunos de los grupos que reclamaban en cercanías de la sede de gobierno. Varios periodistas locales fueron agredidos en medio de los choques.
