El empresario socialdemócrata Laurentino Cortizo juró este lunes su cargo como presidente de Panamá con la economía en franca desaceleración y con el reto de sacar al país de las listas internacionales de lavado de dinero para atraer inversión extranjera y deshacerse del estigma de paraíso fiscal.
'Juro a Dios y a la patria cumplir fielmente la Constitución y las leyes de la república de Panamá', exclamó Cortizo, al ser juramentado en presencia de una decena de jefes de Estado y de gobierno.
Cortizo, de 66 años, llega al poder tras ganar por estrecho margen las elecciones de mayo al derechista Rómulo Roux, 'delfín' del detenido expresidente Ricardo Martinelli.
Sustituye a Juan Carlos Varela, quien dejó la presidencia con baja popularidad debido a la desaceleración económica y al descontento social por la sensación de corrupción generalizada.
'Me siento positivo (porque) en estos dos últimos meses nosotros hemos tenido visitas de empresarios, tanto nacionales como de afuera, con el interés de llegar a invertir en Panamá y eso son señales muy positivas', dijo Cortizo antes de la juramentación.
Agregó que su gobierno va hacer 'todo' a su alcance para sacar a Panamá de las diferentes listas de paraísos fiscales y blanqueo de capitales.
Empresario, ganadero y exministro de Desarrollo Agropecuario, Cortizo se ha comprometido a gobernar para los más humildes y 'sin robar'.
Ante la ralentización de la economía -el Producto Interno Bruto cayó de 6,2% a 3,1% en cinco años- se ha puesto como reto clave una mejora de la imagen exterior del país para obtener mayor inversión extranjera y crear empleo.
Cortizo asume las riendas de uno de los países más desiguales del mundo, con un desempleo del 6% y donde casi la mitad de los trabajos son informales.
Y eso pese a que la inversión extranjera directa fue de casi 24.000 millones de dólares entre 2014 y 2018, el doble que en el quinquenio anterior.
Eternas listas
La tarea de lavado de cara no parece fácil. El país centroamericano protagonizó en 2016 el escándalo de los Papeles de Panamá, una investigación que reveló cómo desde un bufete de abogados local se crearon infinidad de sociedades opacas, algunas de las cuales habrían sido utilizadas por personalidades de todo el mundo para evadir impuestos o lavar dinero.
Con un canal interoceánico -por el que pasa el 5% del comercio marítimo mundial- puertos y numerosos casinos, centros comerciales y rascacielos, Panamá es acusado con frecuencia de ser un paraíso fiscal y aparece en distintas listas internacionales.
Panamá permanece en la nómina de paraísos que elabora Francia, aunque fue excluida de las listas de la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Y ahora el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), institución global contra el blanqueo de capitales, reingresó al país a su lista gris de no colaboradores en la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Aparecer en esos listados supone un obstáculo para atraer inversiones, ya que las empresas o particulares pueden ser penalizados en sus países de origen.
También podría suponer el abandono de corresponsalías bancarias o el incremento del costo de los créditos para el usuario, según expertos.
'No es correcto para un centro bancario financiero internacional estar en este tipo de listas. Esta situación debe ser enmendada', indicó a AFP Carlos Barsallo, presidente de Transparencia Internacional en Panamá.
'No es suficiente'
En los últimos años el gobierno aceleró reformas para blindar su sistema financiero, penalizar la evasión fiscal con cárcel e intercambiar información bajo parámetros de la OCDE, sin evitar que organismos internacionales sigan mirando con lupa.
'La aplicación de la normativa probablemente no ha sido siempre efectiva y transparente. El problema de fondo es la corrupción', dijo Carlos Guevara-Mann, profesor de Relaciones Internacionales de la Florida State University en su sede panameña.
'Lo hecho no es suficiente. Tenemos que hacer un autoexamen y ver por qué estamos en estas listas', afirmó Barsallo.
Sin embargo, enfrentará la oposición de algunos sectores, que acusaron incluso al gobierno saliente de 'ceder' soberanía a la OCDE o a GAFI. Rechazan las reformas bajo el argumento de un supuesto 'ataque' internacional para acabar con el centro bancario panameño.
'No creo que el próximo gobierno se enfrente a la OCDE o al GAFI. Creo que continuará la política de tratar de hacerles ver a esos organismos que Panamá se ajusta a sus parámetros', afirmó Guevara-Mann.
'Una cosa es estar en la supuesta oposición (...) y otra es estar en el gobierno, enfrentando presiones e influencias', añadió.
