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El Gobierno de Chile concretó este martes la expulsión de 35 colombianos y 7 venezolanos que han cometido delitos en el país, en el marco de un programa encaminado a regularizar la situación migratoria en el país, según las autoridades.

Los expulsados salieron de Santiago en un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) que despegó a las 8:00 de la mañana (hora local) desde una base militar y tienen condenas por delitos cometidos en Chile o en sus países de origen.

Entre esos delitos se cuentan homicidios, robos con intimidación, tráfico de drogas y robo con violencia, según señaló el Ministerio del Interior.

La salida de los extranjeros fue supervisada por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien declaró a los periodistas que 'es importante decirle a todos los extranjeros que viven en Chile que nosotros vamos a tener las puertas abiertas para regularizar su situación, pero para quienes infrinjan la ley la consecuencia es la expulsión'.

Indicó además que el vuelo aterrizará primero en Bogotá, para dejar a los colombianos expulsados y después en Caracas, donde desembarcarán los venezolanos y a su regreso, transportará a 120 chilenos que han decidido retornar a su país a causa de la crisis que afecta a Venezuela.

Preguntado por un reciente fallo de la Corte Suprema que avaló la expulsión de inmigrantes con hijos nacidos en el país y por ende chilenos, Ubilla dijo que 'se ponderó la situación y dado el análisis que ha hecho la Suprema, consideró que esto también está apegado a derecho'.

Ello 'ratifica lo que hemos dicho tantas veces, nosotros actuamos de acuerdo al debido proceso en todas las instancias, cuando tiene que ver con una orden judicial o cuando tiene que ver con decisiones administrativas', añadió.

La de hoy fue la quinta expulsión masiva de extranjeros en lo que va del año y se concreta después que el pasado 3 de mayo fueron devueltos a sus países un total de 57 colombianos, peruanos y bolivianos.

En total, la medida ha sido aplicada en lo que va del año a 773 inmigrantes, según datos del Ministerio del Interior, que se suman a otros 1.682 extranjeros expulsados en 2018.