El Tribunal Supremo abrió ayer el histórico juicio contra 12 dirigentes independentistas catalanes, implicados en el fracasado intento de secesión de octubre de 2017, justo cuando la cuestión catalana tiene la política española patas arriba y amenaza con precipitar las elecciones.
Los acusados aparecieron sentados en cuatro banquetas ante los siete jueces, en una primera sesión en la que sus abogados presentaron el juicio como un proceso políticamente sesgado.
'La causa atenta contra la disidencia política', afirmó Andreu Van den Eynde, abogado del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, para el cual la fiscalía pide 25 años de cárcel.
El proceso, retransmitido en directo por televisión, podría durar unos tres meses, y en él declararán cientos de testigos, entre ellos el ex presidente del gobierno español Mariano Rajoy. La sentencia no se conocerá antes de julio.
Protesta contra el juicio. Miles de personas se congregaron ayer en Barcelona para protestar contra el juicio iniciado en el Tribunal Supremo.
Con decenas de banderas independentistas y carteles con el lema 'Libertad presos políticos', los manifestantes coparon la céntrica plaza Cataluña al grito de 'No es un juicio, es una farsa'.
Según la policía municipal, 6.000 personas se congregaron en esta protesta, lejos de los decenas y cientos de miles convocados antaño por el movimiento independentista que vive horas bajas tras el fracaso del intento de secesión de 2017.
'Decidir no es un delito y ni un referéndum ni la autodeterminación se pueden juzgar, ni mucho menos condenar', lanzó desde el escenario el vicepresidente del gobierno independentista regional, Pere Aragonés.
