Las acusaciones de sobornos que han aflorado en el juicio contra Joaquín 'Chapo'Guzmán en Estados Unidos resaltan la corrupción entre las autoridades mexicanas, sobre todo a nivel estatal y municipal, que permitió al narcotráfico expandirse.
Durante el juicio, Jesús ‘Rey’ Zambada, ex aliado del Chapo y hermano de Ismael ‘Mayo’ Zambada, otro líder del cártel de Sinaloa, dijo que Guzmán tenía comprados a fiscales, policías y militares mexicanos y hasta a la Interpol.
El pasado martes, Zambada dijo que entregó dos maletas con un total de entre seis y ocho millones de dólares en sobornos al exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna en 2005 y 2006.
El ojo en autoridades locales
En México hay más de un caso en el que autoridades estatales, principalmente gobernadores, han sido señaladas por recibir sobornos del crimen organizado o de estar coludidos con el narcotráfico.
'No hay traficante que no tenga cobertura gubernamental. Para este tipo de delito de alto impacto necesitas que te esté protegiendo la autoridad, los soldados, marinos, las policías y por supuesto funcionarios', dice el periodista y autor de libros sobre el narcotráfico José Reveles.
Aunque los analistas aseguran que es difícil probar sobornos al nivel de los presidentes y autoridades federales de alto rango, la corrupción entre autoridades locales es más evidente.
Para el analista de seguridad, Alejandro Hope, si un presidente quiere enriquecerse 'no tiene sentido que opten por la única forma de corrupción que le importa a Estados Unidos, que es recibir dinero del narcotráfico'.
De los pocos casos en los que figuras de alto calibre fueron señaladas de nexos con el narcotráfico es el del general del ejército Mario Acosta Chaparro, quien fue señalado en 2002 de tener vínculos con el crimen organizado y quien falleció baleado en 2010 en Ciudad de México.
