Un tribunal de apelaciones francés examinará si autoriza la inscripción de nombres propios que incluyan la letra eñe, un año después de que una corte prohibiera a una pareja registrar a su bebé como Fañch, nombre de origen bretón.
Medio centenar de personas se congregaron este lunes de tarde frente al edificio que albergara al exparlamento de Bretaña, en Rennes (noroeste), en donde se desarrollará la audiencia, para apoyar a la familia del pequeño Fañch, que aunque aún no ha cumplido un año y medio ya es famoso en la región.
El Tribunal de apelaciones de Rennes deberá decidir si el nombre Fañch, diminutivo de François en bretón, puede aparecer en papeles de identidad con la tilde, sin violar la ley francesa.
Después de su nacimiento, el 11 de mayo de 2017, un empleado del Registro civil de Quimper se negó a aceptar la ortografía bretona del nombre, antes de que la teniente de alcalde de la localidad, Isabelle Le Bal, diera su visto bueno a la virgulilla.
La fiscalía decidió entonces llevar el caso ante un tribunal al considerar que no se respetaba la lengua francesa.
El veredicto llegó el 13 de septiembre de 2017. Autorizar la eñe significaría 'romper la voluntad de nuestro Estado de derecho de mantener la unidad del país y la igualdad sin distinción de origen', dictaminó el tribunal de Quimper recurriendo, entre otras cosas, a una ley del 20 de julio de 1794, durante la Revolución Francesa, que establecía el francés como único idioma de la administración.
El tribunal también citó una circular ministerial de 2014, en la que se estableció una lista limitada de 16 signos ortográficos que se pueden utilizar en el Registro civil.
El caso ha movilizado a la clase política bretona. A finales de 2017, la región de Bretaña y el departamento de Finisterre votaron por unanimidad reclamar la autorización de la eñe. Y el parlamentario Paul Molac, del partido presidencial La República en Marcha, y unos 20 diputados de la mayoría gobernante pidieron sin éxito la intervención de la ministra de Justicia.
La familia de Fañch recibe el apoyo de la asociación Skoazell Vreizh (Socorro Bretón), que paga sus gastos judiciales gracias a donaciones, y del presidente del colegio de abogados de Nantes, Jean-René Kerloc'h, que considera este asunto como una cuestión de 'discriminación'.
