El allanamiento de una de las tres viviendas de la expresidenta de Argentina y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner comenzó ayer por orden del juez Claudio Bonadio, en el marco de una causa que investiga supuestos sobornos millonarios para adjudicar una obra pública.
Un operativo se desplegó en el exclusivo barrio de Recoleta, en Buenos Aires, con varias camionetas policiales, un cordón de efectivos frente a la puerta del edificio y personal de brigadas de explosivos, bomberos y perros entrenados.
Autorizado el miércoles por el Senado, el operativo comenzó sin la presencia del juez ni del fiscal.
En otras dos residencias de la expresidenta, una en Río Gallegos y otra en El Calafate, en el sur del país, aún no había empezado la inspección policial, señaló la prensa en el lugar.
Los allanamientos fueron requeridos por Bonadio, y necesitaban la aprobación del Congreso dado que la exmandataria (2007-2015), elegida senadora en 2017, está amparada por fueros parlamentarios.
Antes de la sesión del miércoles en la que fueron aprobados los allanamientos, la expresidenta solicitó resguardo de su intimidad y que se prohíba la presencia de cámaras durante los procedimientos, reclamos que no fueron tomados en cuenta por la Cámara alta.
Poco después del inicio del operativo, el abogado de Kirchner, Carlos Beraldi, salió del edificio denunciando que había sido obligado a retirarse del lugar por orden del juez.
'Estamos frente a una farsa, en clara violación de los principios del estado de derecho. Vamos a pedir la nulidad del operativo. Yo abrí la puerta (del departamento). Puse a disposición el domicilio para que sea revisado. Voy a denunciar penalmente al juez', dijo Beraldi antes de retirarse visiblemente furioso.
Desapego
En el discurso ante el Senado, Kirchner reiteró que el proceso en su contra tiene como motivación apartarla de la política.
'Si algo faltaba para consagrar la persecución política en Argentina era esta causa. Voy a ser la primera senadora allanada', aseveró.
Germán Garavano, ministro de Justicia del gobierno argentino, señaló ayer que ve en la expresidenta 'un profundo desapego a lo institucional y un profundo rechazo a la justicia'.
De su lado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo que Macri 'tomó la decisión desde el primer día de que haya total independencia del poder judicial, de la prensa y de aquellos actores que puedan proveer información'.
Allanamiento abstracto
Gregorio Dalbón, otro abogado de la exmandataria, consideró antes del allanamiento en su departamento de Buenos Aires, 'será abstracto, negativo'.
'No van a encontrar más que efectos personales de la senadora. Esto es un circo, es abstracto porque no es sorpresivo', dijo Dalbón.
El abogado ofreció además 'alcanzar al juez, si no los tiene, los instrumentos técnicos para que se puedan observar paredes, techo, piso, con escáner láser, para que no le rompan el departamento a la senadora, lo que sería una provocación y no es necesario'.
