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Tras 15 años de prohibiciones, Venezuela autorizó el jueves a transar divisas en casas de cambio para atraer capitales y paliar la hiperinflación aunque según expertos su impacto será limitado.

A pedido del presidente Nicolás Maduro, la oficialista Asamblea Constituyente derogó una ley que castigaba con multas y penas de hasta 15 años de cárcel a quienes realizaran operaciones al margen de un rígido control cambiario.

'Los actores económicos quedan facultados para dirigirse a las casas de cambio que serán autorizadas por el Ejecutivo y hacer cualquier operación de manera legal y segura', señaló el vicepresidente de economía, Tareck El Aissami, ante la Constituyente.

Según el decreto, el gobierno socialista, enfrentado a cuatro años de recesión, busca otorgar 'las más amplias garantías' para integrarse al 'modelo de desarrollo socioeconómico y productivo del país'.

Desde que fue impuesto en 2003, el control de cambios dio al Estado el monopolio de las divisas y la potestad de fijar la tasa, pero la falta de liquidez disparó un mercado negro donde las cotizaciones multiplican por 30 la oficial.

Analistas sostienen que ese diferencial potencia la corrupción y genera presiones inflacionarias, pues la mayor parte de las importaciones privadas se realizan con dólares del mercado paralelo.

El FMI proyecta para 2018 una caída del PIB de 18% y una inflación de 1.000.000%, disparada que obligó al gobierno a eliminar cinco ceros a la moneda local, el bolívar, a partir del próximo 20 de agosto.

El objetivo es 'devolverle a la clase trabajadora su poder adquisitivo' y quebrar los 'marcadores paralelos que pretenden desestabilizar nuestro sistema financiero', afirmó El Aissami.

La reforma también pretende incentivar la inversión extranjera, al permitir que las empresas 'puedan repatriar sus capitales', había dicho el ministro en días pasados.

Si bien esta semana admitió el 'fracaso' de su modelo de producción, Maduro atribuye el alto costo de vida a una 'guerra económica' de la oposición y Estados Unidos, que le impuso sanciones financieras.

'Buena noticia' con reservas

La medida no precisa cómo se fijará la tasa en las casas de cambio ni qué pasará con la oficial, en la práctica intrascendente ante la baja asignación de divisas por parte del Estado, lo que da primacía al mercado negro.

Pese a ello, 'es una buena noticia, especialmente si permite que lo que los privados han venido haciendo, trabajar con sus dólares, no sea penalizado', indicó el director de la consultora Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros.

Sin mayores detalles, El Aissami adelantó que el nuevo esquema será alimentado por los particulares, pues los recursos del Estado serán destinados a la inversión social.

Venezuela experimenta una caída de la renta petrolera que secó sus arcas, primero por la baja en las cotizaciones del crudo y luego por un desplome de la producción de más de 50% en la última década, lo que le impide beneficiarse del repunte de precios.

Por ello, el gobierno, que obtiene 96% de los ingresos del petróleo, redujo la asignación de dólares al sector privado y las importaciones (de 66.000 millones de dólares en 2012 a menos de 10.000 millones este año, según Ecoanalítica), generándose una aguda escasez de bienes básicos.

¿Sin bancos?

La medida que abre el juego a las casas de cambio tendría, sin embargo, un efecto limitado, pues excluye a la banca.

'Si todo se limita a casas de cambio, no es tan significativo. Si se pudieran hacer operaciones en el sistema bancario, la oferta de dólares aparecería, pero pareciera que no está planteado', comentó a la AFP el director de la firma Econométrica, Henkel García.

Y sin una unificación de tasas las distorsiones se mantendrán, opina el diputado opositor José Guerra, exdirectivo del Banco Central.

'Un mercado dual, con un tipo de cambio oficial con el dólar barato y otro paralelo con el dolar caro, en medio de un déficit fiscal enorme financiado con emisión monetaria y sin entradas de capital, va reventar la tasa de cambio paralela', advirtió.

Guerra dijo que la medida es ilegal al no haber sido aprobada por el Parlamento de mayoría opositora, en la práctica sustituido por la Constituyente.

La cuestión cambiaria es neurálgica para la supervivencia del gobierno, pues es un 'mecanismo de repartición de rentas entre aquellos grupos de poder con control sobre importaciones públicas', que representan 75% del total, considera Ecoanalítica.