La comunidad internacional intensificó el lunes la presión sobre Nicaragua para que cese la represión y desarme a los paramilitares tras tres meses de manifestaciones por la salida del poder del presidente izquierdista Daniel Ortega.
Estados Unidos, 13 países latinoamericanos y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, demandaron al gobierno de Ortega la represión que ha dejado unos 280 muertos desde el inicio de las protestas en su contra, el pasado 18 de abril.
'Es absolutamente esencial que cese inmediatamente la violencia y se revitalice el diálogo nacional, porque solo una solución política es aceptable para Nicaragua', declaró Guterres en San José, donde consideró que el conflicto causó 'un número de muertos que es absolutamente chocante'.
Trece países latinoamericanos reunidos en Bruselas exigieron en una declaración conjunta el 'cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas' en Nicaragua, así como el 'desmantelamiento de los grupos paramilitares' a los que se atribuye la mayor parte de la violencia.
En tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos instó a Ortega 'a que cese de inmediato su represión contra el pueblo'.
Los llamados internacionales ocurren luego que el domingo murieron al menos 12 personas cuando policías y paramilitares arremetieron contra la ciudad rebelde de Masaya, 35 km al sur de Managua, y comunidades vecinas para levantar los bloqueos de carretera.
El sábado habían muerto dos de los casi 200 estudiantes que se habían atrincherado en la Universidad Nacional Autónoma y una iglesia y fueron asediados durante casi 20 horas por bandas paramilitares.
Cientos de estudiantes marcharon ayer en Managua para exigir justicia por los 280 muertos en las protestas.
Desafían la represión
En la marcha, los jóvenes cantaron y bailaron al son de canciones de protesta arregladas al ritmo del rap, desafiando con gran espíritu y energía la violenta represión que el gobierno ha emprendido contra los manifestantes.
La manifestación culminó frente a la temida cárcel El Chipote, donde exigieron la liberación de los jóvenes detenidos ilegalmente en las protestas.
La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo aseguró este lunes que el gobierno actúa para liberar el territorio de los bloqueos de carreteras y para 'restaurar la paz'.
Aseguró que las protestas responden a 'un plan terrorista y golpista acompañada por una infame y falsa campaña mediática nacional e internacional. Ese golpe que quiso imponer esa minoría llena de odio, esa minoría siniestra, maligna, pero no lo lograron ni lo lograrán'.
Los reclamos inicialmente eran contra una reforma del sistema de pensiones que el gobierno dejó sin efecto, pero derivaron en una demanda para la salida del poder de Ortega, quien gobierna desde 2007 por tercer período consecutivo.
