No se identifica como mexicana ni como estadounidense. Eloísa Tamez es lipan apache y sus antepasados eran dueños de esta tierra un siglo antes de que una guerra impusiera el límite entre Texas y México.
Ahora su patio trasero está atravesado por un muro fronterizo que ella siente como una 'violación'.
El fondo de su casa, en el fronterizo poblado de El Calaboz, en el sureste de Texas, es un terreno baldío partido al medio por una oxidada valla de hierro de 5,5 metros de altura.
Como no era posible levantar un muro en medio del Río Grande que delimita la frontera natural con México, las autoridades federales lo erigieron a un par de kilómetros al norte de la orilla.
Eso causó que algunas de las tierras por donde pasa el muro -y pasará, si sigue construyéndose- fuera propiedad de tribus nativas o de granjeros privados.
Es lo que sucedió casi diez años atrás a Támez, profesora de enfermería de la Universidad de Texas en el Valle Del Río Grande y activista de los derechos de la tribu lipan apache.
'Es muy triste ver lo que sucedió a mi propiedad, que era valorada por mis padres no por el dinero, sino por lo que la tierra producía para nosotros, porque mi padre era granjero', dijo la mujer de 83 años a la AFP.
'La violaron', añadió. 'Me pone muy triste ver que esto esté sucediendo y me alegra que mis padres no hayan llegado a verlo'.
Las autoridades federales le dieron una clave para abrir el portón que le permite acceder al otro lado de su tierra ancestral: 1,2 hectáreas de desierto salpicado de cactus y mezquites.
Eso es lo que queda de las cinco hectáreas que pertenecían a sus antepasados Lipan Apaches desde el siglo XVIII, gracias a una concesión de tierra de la Corona española.
En 2009, después de perder una demanda del gobierno federal, Támez se vio 'coaccionada' a recibir una compensación de 56.000 dólares, que donó a becas de enfermería en nombre de sus padres.
Otros granjeros, cuyos terrenos quedaron en su totalidad al sur del muro, también recibieron códigos de acceso a sus propiedades.
Pero la mayoría de los casos se dirimieron con apropiaciones del gobierno federal por valores que promediaron los 12.600 dólares, según una investigación de la radio pública NPR, tras analizar 320 'casos de vallas' entablados entre 2008 y 2016 en la zona del Valle del Río Grande, algunos de los cuales siguen en litigio.
