Seis meses después de los primeros encarcelamientos de figuras del independentismo catalán, miles de personas se manifestaron este domingo en Barcelona para protestar contra el encarcelamiento de nueve secesionistas acusados de rebelión y pedir un diálogo político.
'Libertad para los presos políticos', gritaban miles de manifestantes que marchaban por la avenida del Paralelo, en apoyo a los separatistas en prisión preventiva por su papel en el infructuoso intento de secesión del año pasado.
Se les acusa de rebelión, un cargo pasible de 30 años de prisión que implica la noción de alzamiento violento, y a algunos también de malversación de fondos, por la organización del referendo ilegal de independencia del 1 de octubre.
'Como no pueden descabezar el independentsimo, como dijo la propia vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, lo intentan hacer judicialmente', dijo a AFP Roser Urgelles, una profesora de 59 años.
'Necesitan demostrar que hubo violencia pero se la inventan. Continuaremos siendo pacíficos', añadió la manifestante.
Como ella, miles de manifestantes lucían un lazo amarillo, un símbolo de solidaridad con los independentistas en prisión.
El llamamiento a manifestarse fue lanzado por una plataforma creada en marzo a fin de 'defender las instituciones catalanas' y 'los derechos y libertades fundamentales'.
El hecho de que los dos mayores sindicatos del país, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, secunden la manifestación junto con organizaciones separatistas como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) u Òmnium ha provocado roces con aquellos miembros que nunca han querido la independencia de la región.
'Ha habido tensiones (entre los afiliados), como en el conjunto de la sociedad catalana', comentó el sábado a AFP Camil Ros, secretario general de UGT en Cataluña.
No obstante, matizó que 'no es una manifestación independentista. Nosotros creemos que es el momento de tender puentes; el problema de Cataluña no se tiene que resolver en los juzgados sino con el diálogo y la política'.
La movilización se produce diez días después de la puesta en libertad bajo fianza del expresidente separatista Carles Puigdemont en Alemania. El tribunal competente consideró que el cargo de rebelión que le imputa la justicia española no se justifica.
La decisión fue un golpe para la justicia española, y el jueves, fiscales españoles entregaron elementos adicionales a sus homólogos alemanes para acreditar la causa por rebelión y lograr así que Puigdemont sea entregado por este cargo.
Aparte de rebelión, el exdirigente está acusado de malversación, en relación con la organización del referéndum del 1 de octubre.
