La justicia de Ecuador rechazó este jueves el pedido del vicepresidente, Jorge Glas, para suspender la sentencia de seis años de prisión dictada en su contra por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, informó la fiscalía.
La resolución se dio el mismo día en que la Corte Constitucional se reunió para decidir si aprueba o no el juicio político solicitado por la Asamblea Nacional en contra del vicepresidente.
La solicitud del recurso de suspensión condicional de la pena fue negado, según la fiscalía, debido a que incumple dos requisitos: que la condena no exceda los cinco años y que no tenga agravantes.
Glas fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita y 'el pasado 13 de diciembre el Tribunal de la Sala Penal dictó sentencia aplicando circunstancias agravantes', por lo que se pidió investigar otros delitos como cohecho y enriquecimiento ilícito, señaló la fiscalía en un comunicado.
La defensa de Glas, quien está en prisión desde el 2 de octubre, argumenta que el vicepresidente fue juzgado con un código penal caduco y que no se ha aplicado el principio de favorabilidad, es decir, el de la pena más benigna para el acusado.
'Lo que ha hecho el Tribunal Penal es una monstruosidad jurídica', declaró a la prensa Eduardo Franco, abogado del vicepresidente.
Luego de que el tribunal negó su pedido, Glas dijo que 'se cumple un paso más en la hoja de ruta para tomarse la vicepresidencia de manera ilegítima'.
El vicepresidente también podría enfrentar un juicio político en la Asamblea Nacional -que dio luz verde para el proceso y espera la resolución de la Corte Constitucional para avanzar- para destituirlo.
Glas también podría perder su cargo si se configura la ausencia definitiva del cargo, toda vez que el 2 de enero se cumplirán tres meses desde que está en prisión por el caso Odebrecht.
El juicio contra el vicepresidente se enmarca en la crisis del movimiento oficialista de izquierda Alianza País. Glas y el expresidente Rafael Correa acusan al mandatario Lenín Moreno de aliarse con la oposición y de usar la lucha anticorrupción para desprestigiarles.
