El polémico decreto anti-inmigración de Donald Trump recibió el lunes luz verde temporal de la Corte Suprema para ser implementado en su totalidad mientras se procesa su apelación, un triunfo del presidente que defiende esta medida como una forma de luchar contra el terrorismo.
Objeto de una intensa batalla judicial que aún no se dilucida, esta orden ejecutiva presidencial prohíbe de manera permanente el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana --Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen--, así como de personas de Corea del Norte y altos funcionarios de Venezuela.
Trump la justifica por motivos de seguridad nacional, pero sus detractores, y los jueces que bloquearon su aplicación, consideran que discrimina a los musulmanes y viola la Constitución de Estados Unidos.
La aplicación de la medida, firmada el 24 de septiembre por la Casa Blanca para reemplazar una prohibición temporal de 90 de días que expiraba, fue bloqueada hace casi dos meses por dos tribunales inferiores.
El 17 de octubre, un día antes de que entrara en vigor, un juez de Hawái estimó que el texto no era capaz de demostrar cómo la entrada de ciudadanos de los países seleccionados 'dañaría los intereses de Estados Unidos'. Un juez de Maryland también bloqueó la medida.
El gobierno apeló ambas decisiones y obtuvo una primera victoria en noviembre.
Entonces, una corte de apelaciones en California autorizó que el decreto se implementara parcialmente, negando solamente la entrada a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana que no tuvieran una 'relación auténtica' con una persona o entidad de Estados Unidos.
