El presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, preguntó el martes a los dirigentes europeos si continuarán ayudando al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, en el 'golpe de Estado' contra su región, bajo tutela de Madrid desde finales de octubre.
'¿Van a aceptar el resultado de la votación de los catalanes (en los comicios regionales del 21 de diciembre)? Porque si los resultados son que los catalanes continuarán apoyando (...) la elección democrática de ser independientes, ¿se lo prohibirán?', dijo Puigdemont en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas (Bozar).
O '¿van a continuar ayudando a Rajoy en este golpe de Estado restringiendo libertades? ¿Esa es la Europa que proponen a los ciudadanos?', agregó en unas palabras dirigidas al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y de la Eurocámara, Antonio Tajani.
Su discurso, ante unos 200 alcaldes que lo recibieron entre aplausos, blandiendo sus varas de mando y al grito de '¡Presidente!', fue el primero desde que la justicia belga decretara la libertad condicional para él y para cuatro miembros de su gobierno destituido a la espera de resolver la solicitud de entrega de España.
Su gobierno cesado se encuentra desmembrado entre Bélgica y Madrid, donde ocho de sus compañeros están encarcelados preventivamente en medio de una investigación por rebelión, sedición y malversación tras declarar unilateralmente la independencia de su región.
Con el ejecutivo de Puigdemont destituido tras esa declaración suspendida por la justicia española, es el gobierno de Rajoy quien ahora controla esta región de 7,5 millones de habitantes hasta la celebración de las elecciones regionales el 21 de diciembre.
'Elecciones libres exigen la libertad de todos los prisioneros políticos', apuntó la consejera de Educación cesada, Clara Ponsatí, mientras que para su par de Sanidad, Toni Comín, el conflicto es 'entre un pueblo que aspira a la libertad y la democracia y un Estado que (...) realiza cosas incompatibles con el Estado de Derecho'.
Desde el referéndum de autodeterminación celebrado el 1o. de octubre contra la opinión de la justicia española, la UE ha cerrado filas en su apoyo al gobierno de Rajoy y a la Constitución española, a pesar de los intentos de los dirigentes independentistas catalanes de internacionalizar el conflicto.
