España es un país muy descentralizado y la Constitución adoptada en 1978 confiere a sus 17 comunidades autónomas amplios poderes en materia de salud y educación, por ejemplo.
Pero incluye una disposición que permite al poder central intervenir directamente en los asuntos de una región en caso de crisis, el Artículo 155, que nunca se ha aplicado plenamente.
Este dice que, si una región 'no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes (...), el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido (...) podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones'.
Si Rajoy decide ir más allá del requerimiento, necesitará el apoyo de la mayoría absoluta del Senado, y su Partido Popular dispone de ella.
Sin embargo, en el Congreso de los Diputados, donde no la tiene, este miércoles se oyeron reproches a su gestión de la crisis.
'Deje de romper España', le reprochó Pablo Iglesias, líder del partido de izquierdas Podemos, que le reclamó diálogo con el gobierno catalán.
Los independentistas dicen haberlo ganado con el 90,18% de los votos y planean una declaración unilateral de independencia.
En 1989, el entonces presidente, el socialista Felipe González, no fue más allá del requerimiento al líder de las islas Canarias por un asunto de aranceles, que acabó solucionándose con negociaciones y sin suspensiones.
¿Cuáles son las 'medidas necesarias'?
El artículo no especifica cuáles son esas 'medidas necesarias', de ahí la incertidumbre en torno a su eventual aplicación.
Según los juristas consultados por la AFP, permitiría tomar el control de los órganos políticos y administrativos de la comunidad autónoma rebelde, implicaría la suspensión temporal de la autonomía de la región, y podría significar la sustitución de funcionarios y cargos electos.
