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Las carreteras están cortadas, la Sagrada Familia cerrada y el FC Barcelona no se entrena. Cataluña se ha parado este martes para denunciar la violencia policial durante el referéndum de autodeterminación prohibido, que agravó la crisis con el gobierno español.

Convocadas a paralizar esta región de 7,5 millones de habitantes por una plataforma de 44 entidades, que incluye localmente a las dos grandes organizaciones sindicales, UGT y CCOO, decenas de miles de personas se movilizaban en manifestaciones de estudiantes, de bomberos o de simples ciudadanos indignados.

En Barcelona, la tensión era muy fuerte frente a la delegación del gobierno español, que asegura que está habiendo una 'manipulación' de las masas.

Cientos de personas protestaban con banderas independentistas al grito de '¡Fuera las fuerzas de ocupación!' y 'Las calles serán siempre nuestras!'.

El lugar estaba protegido por innumerables furgones de la Policía Nacional.

Un cordón de la policía catalana, los Mossos d'Esquadra, y otro de los bomberos les separaban de los manifestantes que de repente irrumpían en un silencio sepulcral alzando las manos abiertas sobre sus cabezas en señal de rendición.

A su paso, los automovilistas hacían sonar las bocinas, sacando puños en alto por las ventanillas de sus vehículos.

El lunes, unos 200 guardias civiles enviados en refuerzo a Cataluña tuvieron que abandonar el hotel donde se alojaban tras un tensa concentración nocturna frente al establecimiento, donde manifestantes les profirieron insultos y lanzaron botellas.

'Nada de esto hubiera sucedido si el gobierno (catalán) no se hubiera declarado en rebeldía contra la ley', aseveró a la prensa el delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo.

Llamamientos al diálogo

El seguimiento de la huelga era desigual según los sectores.

El metro de Barcelona se encuentra en servicios mínimos y los usuarios entraban sin pagar. Las fábricas de automóviles de SEAT funcionaban con normalidad, según una portavoz de la empresa, y unas 50 carreteras habían sido cortadas por la acción de los manifestantes.

El FC Barcelona se sumó también al paro: ni los equipos profesionales ni los de jóvenes de ninguna disciplina se entrenaban este martes.

Muchos de los monumentos e instalaciones turísticas de Barcelona, como el templo de la Sagrada Familia del arquitecto modernista Antoni Gaudí, tampoco abrieron sus puertas.

'Es una decepción porque solo estamos aquí unos días, pero es difícil decir que mis vacaciones son más importantes que lo que está pasando', decía Karen Healey, una estadounidense de 53 años, frente a la célebre Casa Batlló de Gaudí, también cerrada.

Las imágenes de la violenta intervención policial del domingo en un intento por impedir una votación sobre la independencia en la que, según el gobierno regional catalán, lograron pese a todo participar 2,2 millones de personas, dieron la vuelta al mundo.

En reacción, la Unión Europea pidió el lunes al gobierno de Rajoy que dialogue con el ejecutivo independentista catalán, que amenaza con una declaración unilateral en los próximos días si no hay negociación.

'Nadie en Europa le puede pedir que dialogue sin respetar la ley y la Constitución', afirmó en Madrid el portavoz del gobierno español, Íñigo Mendez de Vigo. 'Nadie en la UE ha aceptado esa consulta que hubo el domingo porque saben que va contra la Constitución y las leyes', insistió.

No son 'la mayoría'

Enzarzado desde hace años en un conflicto creciente con el gobierno del conservador Mariano Rajoy, el ejecutivo catalán llevó a cabo el domingo su consulta sobre la independencia pese a la prohibición del Tribunal Constitucional español.

Como era de esperar, la gran mayoría (90%) de los catalanes que participaron en esta consulta sin garantías legales votó sí a la separación de España.

Pese a la tensa movilización en las calles, donde rugía el grito de 'Adiós España', muchos comercios seguían abiertos.

En Sants, la principal estación de Barcelona, hacia el mediodía únicamente dos trenes de 28 aparecían 'anulados' y solo la tienda del Barça había cerrado.

'Un piquete de huelga ha pasado para recomendarnos que cerrásemos, pero sin amenaza ni nada', aseguraba una empleada de una juguetería de 43 años.

'No he cerrado porque la tienda no es mía, si no lo habría hecho por la defensa de los derechos humanos', decía pidiendo mantener el anonimato.

Desde 2010, el independentismo gana terreno en Cataluña, alimentado por la crisis ecónomica y por la amputación del Estatuto de Autonomía de la región por el Tribunal Constitucional a instancias del Partido Popular (PP, conservador) de Rajoy.

Sin embargo, los sondeos muestran que los catalanes están divididos sobre la independencia: 41,1% a favor y 49,4% en contra, según la última encuesta del gobierno catalán publicada en julio.

'Los independentistas hacen mucho ruido, reflejan la opinión de muchos pero no de la mayoría', denunciaba Joaquin, de 55 años, gerente de una empresa de productos químicos que no quiso dar su apellido.