La tensión era palpable en las calles de Barcelona a un día del referéndum planeado sobre la independencia de Cataluña de España este domingo. Miles de personas recorrieron lacéntrica Via Laietena con banderas españolas y catalanas para protestar contra los separatistas. Mientras, la policía cerraba locales que podrían servir para la votación. 'Es terrible que hayamos llegado a este extremo', comentó uno de los participantes de la marcha en la capital catalana.
España está viviendo la mayor crisis institucional desde el fallido golpe de Estado de 1981. Los partidos nacionalistas, que ostentan el poder con el 48% de los votos logrados en las elecciones catalanes de hace dos años, están decididos a llevar a cabo la votación independentista a pesar de que el Tribunal Constitucional la haya declarado ilegal.
En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad y los jueces han intentado todo para evitar que se produzca la consulta popular. Hace tres años ya hubo un referéndum tolerado en última instancia por el Estado, en el que votó un 42% del censo con un 80% a favor de la separación unilateral. Esta aspiración de tener una nación propia de buena parte de la sociedad catalana viene de lejos. En 2010, el Constitucional tumbó un nuevo estatuto de autonomía que había sido aprobado tanto por el parlamento español como el catalán. Desde entonces, y reforzado por los efectos de la crisis económica, el movimiento separatista no ha dejado de crecer.
Confiscadas papeletas
Esta vez, el gobierno nacional está totalmente decidido a evitar otra consulta. En los últimos días se han confiscado millones de papeletas y otro material sobre el referéndum; se ha cerrado un centenar de páginas web; hubo 14 detenciones de cargos del gobierno catalán y unos 700 alcaldes que pretenden prestar sus instalaciones a la votación han sido citadas por los tribunales. También se han trasladado unos 10.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil a Cataluña para reforzar el dispositivo de seguridad.
La reacción tan contundente ha sorprendido a muchos y ha provocado una reacción entre catalanes no independentistas que consideran aquello como un atropello de sus derechos democráticos. Según las encuestas, hay una amplia mayoría en la sociedad catalana que está a favor de celebrar un referéndum sobre la independencia, si bien no en los términos planteados por los nacionalistas que han impuesto la votación con su mayoría en el parlamento sin dejar margen de maniobra a la oposición. Los nacionalistas catalanes han sabido aprovechar las medidas contra la votación para dar un mensaje, tanto hacia dentro como hacia fuera, de que el Estado español arremete contra lo que ellos consideran un derecho fundamental, el supuesto derecho a la autodeterminación.
El papel crucial de cómo transcurrirá la jornada de este domingo la tiene el cuerpo de Policía autónomo de Cataluña, los Mossos d’Esquadra. Han afirmado que cumplirán las órdenes de la Justicia de cerrar los colegios electorales pero sin arriesgar altercados. 'No seremos los héroes del día, ni seremos traidores de nada', dijo el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero.
Llamado al diálogo
El conflicto ha traspasado a la esfera internacional, ocupando las portadas de grandes medios. La mayoría de los líderes políticos oficialmente apoyan la postura intransigente del gobierno español de Mariano Rajoy, pero últimamente han aumentado las críticas. El presidente del Parlamento Europeo, el conservador italiano Antonio Tajani, comentó que el problema 'no se puede solucionar solo con policía o el respeto a la ley, es necesario el diálogo'.
Pero el diálogo ha brillado por su ausencia ya que ambas partes se han enrocado en sus respectivas posiciones. Nadie en Madrid o Barcelona se atreve a pronosticar qué pasará el lunes.
El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, dijo esta semana que, en contra de la hoja de ruta original, no se proclamará la independencia en caso de una victoria del ‘Sí’ pero sus socios de gobierno tienen otras ideas. El ministro de Economía español, Luis de Guindos, ha ofrecido a los catalanes renegociar el sistema de financiación entre las comunidades autónomas, porque la queja de salir perjudicado es uno de los elementos que han nutrido el independentismo. Sin embargo, el asunto ya no es económico sino sentimental. Y la crispación tremenda de los últimos meses hará muy difícil una solución, una vez que haya pasado la jornada.
